Una exfuncionaria encargada de vigilar el uso de recursos públicos en los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), cuya salida ocurrió en medio de señalamientos por presunta corrupción, llegó meses después a la Dirección de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral (INE), donde participó en procedimientos de contratación y ahora aparece vinculada a reuniones sociales con un proveedor investigado por posibles irregularidades.
Se trata de Enma Patricia García Rodríguez, quien renunció a la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud de Veracruz el 28 de febrero de 2025, según publicaciones periodísticas de aquella fecha, y posteriormente asumió funciones administrativas en el organismo electoral.
Su nombre reapareció en una investigación publicada por
Reforma el 22 de octubre de 2026, que documentó mediante fotografías y videos la asistencia de funcionarios y exfuncionarios del INE a reuniones organizadas por José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con compañías contratistas del sector electoral e investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre los asistentes identificados se encuentran García Rodríguez, Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género, y José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad de Servicios de Informática.
La investigación periodística señala que algunos de estos funcionarios tenían atribuciones relacionadas con la revisión, justificación o autorización de contrataciones del Instituto. Sin embargo, la participación de García Rodríguez en esas reuniones no acredita por sí misma que haya recibido beneficios indebidos o intervenido irregularmente en adjudicaciones.
Trayectoria en Veracruz
Antes de incorporarse al INE, García Rodríguez acumuló más de una década en áreas de fiscalización del Gobierno de Veracruz. Fue titular del Órgano Interno de Control en el sector educativo, directora general de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría estatal y responsable del control interno en la Secretaría de Desarrollo Social.
Entre 2022 y febrero de 2025 estuvo al frente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y de SESVER, dependencia que fue objeto de auditorías federales por irregularidades en el ejercicio de recursos públicos durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez.
En la revisión de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un probable daño patrimonial de aproximadamente 219.8 millones de pesos en la fiscalización del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Por separado, una auditoría forense sobre contratos y erogaciones de SESVER identificó operaciones observadas y emitió un pliego por un probable daño de 481.2 millones de pesos. La cobertura del informe situó en aproximadamente mil 195.7 millones de pesos el conjunto de recursos cuya aplicación no había sido acreditada satisfactoriamente. Esas observaciones corresponden a operaciones de la dependencia y no constituyen una determinación de responsabilidad individual contra García Rodríguez.
El 3 de marzo de 2025, se confirmó que la entonces contralora había presentado su renuncia el 28 de febrero, en un contexto de investigaciones por presunto uso ilegal de recursos públicos y otros señalamientos. En junio de 2025, algunas publicaciones periodísticas dieron a conocer la apertura de la carpeta de investigación FGE/FECCEV/80/2025, iniciada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz contra exservidores públicos de SESVER por presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y enriquecimiento ilícito.
La investigación identificó a García Rodríguez entre las personas señaladas. Hasta ahora no se ha localizado una resolución judicial pública que confirme una vinculación a proceso o sentencia en su contra por esos hechos. Meses después de su renuncia, la excontralora apareció como directora de Recursos Financieros del INE. Su participación está acreditada en el expediente de la licitación LP-INE-020/2025, relativa a la contratación de servicios de auditoría externa para revisar la información financiera, fiscal y presupuestal del Instituto.
El 15 de agosto de 2025, García Rodríguez y la subdirectora de Contabilidad, Fabiola Pérez Soriano, firmaron electrónicamente la evaluación técnica de las propuestas. Cinco días después, el contrato fue adjudicado a Zárate García Paz y Asociados. Posteriormente, la propia Dirección de Recursos Financieros detectó posibles inconsistencias en documentos presentados por la empresa adjudicada. El 28 de agosto, García Rodríguez comunicó la situación al Órgano Interno de Control del INE y solicitó orientación sobre el procedimiento que debía seguirse, según consta en documentación institucional.
Aunque ese expediente acredita su participación en un proceso de contratación, no establece que hubiera favorecido a las empresas relacionadas con Hernández Casillas. Para agosto de 2026, García Rodríguez ya había dejado la Dirección de Recursos Financieros. El cargo era ocupado por Osvaldo Antonio Acuña Serrano, de acuerdo con publicaciones oficiales del INE.