Entra iniciativa para castigar hasta con 5 años de cárcel el delito de “rapiña”

El diputado local de MORENA, Omar Edmundo Blanco Martínez, presentó una iniciativa para tipificar como delito autónomo la rapiña en Veracruz y sancionar con hasta cinco años de prisión a quienes saqueen mercancías tras accidentes carreteros o siniestros.

La propuesta plantea adicionar el artículo 207 Bis al Código Penal del Estado para castigar a quienes “se apoderen de bienes o mercancías transportadas en vehículos públicos o privados, aprovechando el estado de vulnerabilidad o desorden provocado por un accidente o siniestro”.
La iniciativa contempla penas de dos a cinco años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El legislador argumentó que la rapiña dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en un problema de seguridad pública que afecta a transportistas, cadenas de suministro y labores de emergencia en carreteras de Veracruz. En la exposición de motivos sostuvo que estas conductas “ponen en riesgo la integridad de los transportistas, generan pérdidas económicas significativas y lacera profundamente el Estado de Derecho”.

La iniciativa fue turnada a la Mesa Directiva presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, en el contexto de un incremento de accidentes de transporte de carga y saqueos carreteros en la entidad.

En el documento, el legislador cita datos del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), según los cuales en 2024 se registraron 5 mil 323 unidades de carga involucradas en accidentes en carreteras federales del país, cifra superior a las 4 mil 769 reportadas el año anterior. Veracruz encabezó la estadística nacional con 653 unidades accidentadas, equivalente al 12.27 por ciento del total nacional.

También refiere información del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), que reportó un aumento de 10.5 por ciento en accidentes vehiculares en Veracruz entre 2023 y 2024, al pasar de 9 mil 659 a 10 mil 673 siniestros.

“La rapiña no solo representa un acto de despojo patrimonial, sino una violación directa a derechos fundamentales, al obstaculizar el auxilio, poner en peligro a víctimas y generar espacios de violencia colectiva que agravan el impacto del siniestro”, expone la iniciativa.

La propuesta retoma definiciones de la Real Academia Española y del jurista Joaquín Escriche para sostener que la rapiña implica saqueo o robo aprovechando escenarios de desorden y vulnerabilidad. Además, señala que actualmente estos hechos se persiguen bajo figuras genéricas de robo, lo que limita la actuación ministerial y judicial.