Ernesto “N” y Carlos Javier “N”, notarios de Córdoba, enfrentan proceso penal por anomalías

Los notarios públicos Ernesto “N” y Carlos Javier “N”, con sede en Córdoba, enfrentan un proceso penal y la suspensión de sus funciones por presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo, de acuerdo con información oficial.

Ambos fueron vinculados a proceso en enero de 2026 por determinación de un Juez, tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE). Por ello, han promovido juicios de amparo con el objetivo de evitar las consecuencias penales y las sanciones administrativas; dichos recursos continúan en trámite.

Como parte de las acciones derivadas de estas investigaciones, la Dirección General del Registro Público del Estado determinó en marzo la suspensión temporal de ambos notarios. No obstante, la medida también fue impugnada mediante recursos legales por los implicados.

Los procedimientos se originan a partir de un proceso de revisión iniciado durante 2025 por la Dirección General del Registro Público, enfocado en diversos notarios de la entidad que fueron señalados por presuntas irregularidades en su desempeño. Estas indagatorias se desarrollaron tras denuncias registradas en distintas regiones del Estado, en las que se señalaba la posible existencia de esquemas de despojo de bienes inmuebles a ciudadanos, presuntamente mediante la participación de notarios, funcionarios y particulares.

A este tipo de operaciones se le ha referido públicamente como el “cártel inmobiliario”. Dentro de este contexto, uno de los primeros casos en avanzar fue el del titular de la Notaría Pública número 21 del municipio de Fortín, José “N”, a quien le fue retirada la patente en 2024. Posteriormente, en febrero de 2026, fue detenido por su presunta responsabilidad en delitos como fraude genérico, fraude específico, fraccionamiento indebido, compraventa indebida y delitos contra la fe pública.

En seguimiento a las revisiones, la Dirección General del Registro Público detectó nuevos elementos que fueron turnados a la FGE, instancia que integró las carpetas de investigación correspondientes y logró acreditar la probable responsabilidad de los dos notarios de Córdoba ante la autoridad judicial. Tras su vinculación a proceso, ambos imputados recurrieron a mecanismos legales para evitar la prisión preventiva, por lo que su situación jurídica permanece sujeta a la resolución de los juicios de amparo promovidos.

El 2 de marzo de 2026, el delegado en Córdoba del Colegio de Notarios y titular de la Notaría número 5, Alejandro de la Llave, señaló que las revisiones por parte de la autoridad estatal forman parte de procedimientos habituales de supervisión. Indicó que los integrantes del gremio han sido exhortados a conducirse conforme a la ley en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, al ser cuestionado sobre la posible existencia de prácticas irregulares en la región relacionadas con esquemas de fraude inmobiliario, De la Llave refirió no tener conocimiento de situaciones de esa naturaleza.

La demarcación notarial número 14, que abarca municipios como Córdoba, Fortín, Amatlán, Tezonapa, Cuitláhuac, Atoyac y Paso del Macho, cuenta con un total de 26 notarías en operación, además de una vacante en el municipio de Fortín. Algunas de estas oficinas han sido señaladas públicamente en distintos momentos por presuntas prácticas fuera del marco legal, lo que ha derivado en revisiones por parte de las autoridades competentes.