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Sección: Estado de Veracruz

Esencial, garantizar que empresas respeten derechos humanos: Especialistas

Durante pandemia, reto del Estado es vigilar y hacer cumplir derechos humanos en sectores público y privado

Daisy Aller Xalapa, Ver. 26/10/2020

alcalorpolitico.com


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Durante la videoconferencia organizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) La obligación del Estado y la Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos frente al COVID-19, los especialistas que participaron en la misma coincidieron al señalar que es fundamental que se garantice el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas durante esta pandemia y consideraron que la emergencia sanitaria constituye un reto para el estado en la supervisión del cumplimiento de los mismos.

En el evento moderado por el director de Incidencia y Participación con la Sociedad Civil de la CNDH, Mauricio Sosa Ocaña, el colaborador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, José Armendáriz González, explicó que en condiciones normales los organismos de derechos humanos tienen retos importantes, pero con la emergencia esta es una tarea con un mayor grado de dificultad.



Refirió que, en este contexto, la necesidad de generar en las empresas un nuevo esquema de visibilidad, donde los derechos humanos se vean como una herramienta que contribuya a fortalecerse a si mismas, constituye un desafío significativo.

“Adicionalmente, en esta crisis hay oportunidades. Un número importante de empresas han generado recesos paulatinos o sectoriales en su ámbito laboral, derivado de la reducción de sus actividades de producción, sus cadenas de valor o de generación de bienes o servicios; entonces, ahí hay un espacio importante para que los organismos públicos de derechos humanos oferten sus tareas de capacitación, de promoción y difusión, para ir fortaleciendo este aspecto tan importante que es la cultura de los derechos humanos en el sector privado”.

Por su parte, la directora interina de Posgrados en Derecho de la Universidad de Monterrey, Laura Esparza García, dijo que, para garantizar el respeto a los derechos humanos frente a las actuaciones de las empresas, el estado debe de abarcar dos grandes rubros, mismos en los que tiene que tener especial cuidado durante esta pandemia: uno, supervisión y fiscalización, y dos, los mecanismos de acceso a reparación.



Una de las principales causas de afectación a los derechos humanos en el contexto empresarial es la falta de supervisión y fiscalización de las empresas por parte del estado, específicamente cuando las empresas cuentan con permisos de operación, licencias y autorizaciones específicas, consideró. Por ello, al haber una inactividad del estado al supervisar que las empresas cumplan con los parámetros que se les ha puesto como requisito en sus permisos, es posible que se genere una brecha entre el deber ser y lo que sucede.

“En este contexto de pandemia, posiblemente habrá empresas que habrán adoptado conductas sumamente responsables, que han redirigido sus esfuerzos y se han percatado de las posibles afectaciones que tienen a derechos humanos, pero habrá otras que no, que por desconocimiento o por cualquier otra razón, han dejado de cumplir con estos estándares mínimos que aparecen en sus permisos, y al bajar de este mínimo responsable de actuación pueden causar afectaciones”.

Consideró que, en esta crisis, el rol del estado demandaría prestar especial atención a las empresas vinculadas a los servicios públicos, por su particular relevancia. “En un segundo momento, deberá atender también los mecanismos de acceso a reparación, ya que necesitamos repensar cómo funcionan y cómo los hacemos más ágiles para que den respuesta pronta a las necesidades de cada una de las posibles víctimas de violaciones de derechos. Además, se deben crear procesos accesibles para las personas que no tienen acceso a internet o que no pueden salir de casa por la contingencia sanitaria”.



La experta en temas de responsabilidad social corporativa, Italia Ugalde, indicó que muchas empresas han estado a la altura del desafío que ha significado la pandemia, al adoptar medidas preventivas para garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores, pero otras no.

Al considerar la buenas prácticas aplicadas, reflexionó que la principal es establecer un proceso de debida diligencia dentro de toda la cadena de valor, ya que esto permite identificar cuáles son los impactos negativos en los diferentes ámbitos de los derechos humanos.

“Lo anterior nos puede ayudar a tomar diferentes perspectivas y a ver qué medidas tiene que tomar la empresa de acuerdo al origen y la naturaleza de sus operaciones y servicios. Una vez que se hace este proceso de debida diligencia, es muy importante poner siempre al centro a las personas, tomando en cuenta a todos los grupos de interés que rodean a las operaciones y servicios de las empresas”.



“El grupo interés que más se ve afectado en principio siempre son los colaboradores, pero no hay que perder de vista a las otras agrupaciones, como la clientela, los consumidores, y todos los que tienen operación en la comunidad que rodea a las empresas”, dijo.

Por su parte el Subprocurador General de Asesoría de Apoyo Técnico de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), Luis Enrique Solórzano Espinoza, recordó que es una obligación del estado el velar por todos los ciudadanos, por eso el organismo del cual forma parte ha mantenido la atención a los usuarios, implementando medidas de sana distancia recomendadas por la Secretaría de Salud, para garantizar la salud de trabajadores y usuarios del servicio.

“Además, estamos aprovechando las herramientas tecnológicas con las que contamos para dar asesorías telefónicas, en redes sociales, como Twitter y Facebook, y a través de WhatsApp. Otro de los apoyos que ofrecemos, en colaboración con la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, fue la creación de la Procuraduría Móvil para la atención de los trabajadores con conflictos laborales derivados del COVID-19, cuyo servicio es sin distinción de competencias”, especificó.




Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund