Especialistas pedirán a Cuitláhuac García que reglamente ingresos del Fondo Ambiental

Prestadores de servicios y gestores ambientales, presentarán al gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, la propuesta para reglamentar y transparentar lo relativo a los ingresos económicos del Fondo Ambiental Veracruzano “FAV”, pues desde la pasada administración y sobre todo en la actual, en la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), funcionarios han abusado de la errónea interpretación a modo de la Ley Estatal de Protección al Ambiente (LEPA).

Desde el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se estiló que todas las obras o actividades evaluadas por la SEDEMA en materia de impacto ambiental, debían aportar cierto monto económico para el FAV, al amparo de dos artículos de la referida Ley:

Artículo 62. Es obligación de las autoridades estatales y municipales y derecho de las personas, organizaciones de los sectores social o privado y comunidades, actuar para la conservación, preservación, restauración y protección de los espacios naturales y sus ecosistemas dentro del territorio del Estado.



Artículo 82. El Gobierno del Estado y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I.- Promoverán las inversiones públicas y privadas para el establecimiento y manejo de áreas privadas de conservación.

II.- Establecerán o en su caso promoverán la utilización de mecanismos para captar recursos y financiar o apoyar el manejo de áreas naturales protegidas.

Estos “fundamentos jurídicos” los insertan los funcionarios de la SEDEMA como una condicionante en todos los resolutivos de impacto ambiental. Sin embargo, en la Ley Estatal de Protección al Ambiente no se precisa en ninguno de sus artículos que los promoventes, quienes solicitan les evalúe la SEDEMA sus Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs), estén obligados a aportar algún recurso económico.



Lo que señalan los mencionados artículos 62 y 82 de la LEPA, es que la autoridad debe promover inversiones y establecer mecanismos para captar recursos para el medio ambiente.

No obstante y dado que la discrecionalidad y falta de transparencia con que se manejan esos ingresos económicos se ha convertido en fuente de ingreso para sólo algunos funcionarios, le plantearán a Cuitláhuac García Jiménez que reglamente lo relativo a los mecanismos de ingreso del Fondo Ambiental Veracruzano, pues ni en la pasada administración ni en ésta, se trabajó en elaborar esos mecanismos o formas de inversión, ya sea a con un Reglamento, un Acuerdo o cualquier otro instrumento jurídico debidamente decretado.

Los especialistas ambientales del sector privado exponen que en contraparte, en el Gobierno federal existen los decretos de los acuerdos con los que mediante cálculos aritméticos se establece el monto que se debe aportar por los cambios de usos de suelo forestal; de acuerdo con superficies y ecosistemas, lo que no existe en la Ley Estatal de Protección al Ambiente.



Al Calor Políticotiene copia de algunos de los documentos emitidos por la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental de la SEDEMA, donde se remite a los promoventes a la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, “con la finalidad de establecer un acuerdo para que la empresa que usted representa realice una aportación como compensación ambiental que se determine de manera conjunta con el personal de dicha Dirección, que deberá informarnos si el PROMOVENTE realizó dicho acuerdo y dio cumplimiento al mismo”.

Puesto que esta “aportación” no está reglamentada como en la Ley Ambiental federal, se establecen montos de varios millones de pesos que deberán ser aportados al Fondo Ambiental Veracruzano.



“El truco”, a decir de los especialistas que harán la propuesta de reglamentación al próximo Gobernador, está en que los promoventes o sus representantes buscan que “algún alto funcionario de la SEDEMA” les ayude a bajar el monto establecido como aportación al FAV, situación que genera el manejo discrecional de recursos económicos “para beneficio de unos cuantos”.

Esta situación, si bien se daba en la pasada administración estatal, en la actual se intensificó; por lo que prestadores de servicios y gestores ambientales preparan una propuesta de reglamentación a presentar ante Cuitláhuac García, para que no se siga abusando en nombre de un noble propósito, como el del Fondo Ambiental Veracruzano.