Especula la CEAPP que asesinato de Carlos Castro pudo ser ajeno a su labor periodística

El periodista Carlos Castro, asesinado a balazos la noche del jueves 8 de enero de 2026 en un restaurante de Poza Rica, sí contó con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP); no obstante, estas concluyeron al vencerse el plazo legal y debido a que el comunicador dejó de mantener contacto con la institución. El presidente del organismo, Luis Ramírez Baqueiro, señaló además que, por las características del ataque, no puede afirmarse que el crimen esté directamente relacionado con su labor periodística y subrayó que será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de determinar el móvil, ya que es la instancia que cuenta con los datos de la investigación.

Durante entrevista, Ramírez Baqueiro explicó que en 2024 la CEAPP otorgó medidas de protección al periodista, luego de un incidente ocurrido durante la cobertura de un evento en el que se registró un roce con elementos de la Policía Municipal, situación en la que también estuvieron involucrados otros reporteros de la zona.

Precisó que el hecho no obedeció a una agresión directa ni a un atentado, sino a un conflicto derivado de la labor informativa, común en coberturas donde se delimitan cercos de seguridad y se presentan fricciones con corporaciones policiacas. Ante ello, la Comisión intervino como mediadora para evitar que los elementos municipales continuaran generando problemas al comunicador.

Como parte de las medidas cautelares, la CEAPP determinó que el nivel de riesgo no ameritaba la asignación de escoltas personales, por lo que se implementaron rondines de vigilancia a cargo de la Policía Estatal en el domicilio del periodista y sus alrededores. Además, se le otorgó acompañamiento jurídico para la presentación de una denuncia, con el objetivo de sentar un precedente formal, así como equipo de apoyo, entre ellos una cámara tipo GoPro que solicitó y cámaras de videovigilancia en su domicilio.

A decir de Ramírez Baqueiro, las medidas cautelares se otorgaron por un periodo de seis meses y al concluir dicho plazo, el periodista no solicitó su renovación. Asimismo, señaló que hacia finales de 2024 el comunicador dejó de mantener comunicación con la Comisión, e incluso se tuvo conocimiento de que había salido de Poza Rica y suspendido su actividad periodística, sin informar las razones.

Indicó que fue a través de monitoreos en fuentes abiertas que la CEAPP detectó que, hacia finales de 2025, Carlos Castro había retomado su labor informativa en los últimos meses, aunque nunca restableció contacto con la Comisión, lo que impidió reactivar las medidas de protección.

“Cuando ocurre un incidente y se hace público, la Comisión busca al periodista; cuando no, es el beneficiario quien se acerca. En este caso, él nos buscó en un inicio, pero posteriormente cortó comunicación y no renovó sus medidas”, explicó.

Respecto al asesinato, el presidente de la CEAPP fue cauteloso al señalar que no puede descartarse por completo que el crimen esté relacionado con su labor periodística; sin embargo, subrayó que, por las características y la naturaleza del ataque, no corresponde a un patrón típico de ejecución vinculada directamente al ejercicio del periodismo.

“No puedo atreverme a decir que no fuese por su trabajo periodístico, pero la característica de la acción no es la de una ejecución por haber sido periodista; eso muestra otra cosa”, expresó, al subrayar que será la Fiscalía General del Estado la que determine el móvil con base en la investigación en curso.

Aclaró que es la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de determinar el móvil del crimen, ya que cuenta con la información contenida en la carpeta de investigación y los elementos necesarios para establecer las causas del ataque.

“La Fiscalía tiene más información y son ellos los que tienen que dar más datos… finalmente los que pueden calificar eso son los integrantes de la Fiscalía, que son los que saben cómo está la carpeta y todo, que son los que deben de dar mayor dato, aportar mayor información”, señaló.

Ramírez Baqueiro informó que personal de la Comisión, incluido el director de Atención, acudió a Poza Rica para brindar acompañamiento a la familia del periodista y se estableció comunicación con un hermano de la víctima, a quien se le ofreció apoyo integral, que incluye acompañamiento jurídico y la cobertura de gastos funerarios.

Sin embrago y de acuerdo con el reporte recibido, la madre del comunicador presenció el ataque, lo que la dejó en estado de shock, por lo que la familia solicitó tiempo para definir la aceptación de los apoyos ofrecidos.

De acuerdo con información de medios locales, el periodista Carlos Castro, quien cubría temas de seguridad, fue asesinado el pasado 8 de enero cuando sujetos armados ingresaron al restaurante TrogueBirria, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones, y abrieron fuego de manera directa, provocando su muerte en el lugar.

La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas reiteró que se mantendrá atenta para brindar apoyo a la familia en cuanto así lo soliciten y dará seguimiento al caso conforme avancen las investigaciones oficiales.