Para el próximo año, la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), exigirá a las entidades federativas y municipios con subejercicio presupuestal devolver los recursos federales que no hayan devengado de ejercicios fiscales anteriores al 2027.
Debido a que algunas entidades, aparte de no aplicar la totalidad del presupuesto federal, no los devuelven, en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027, que entrará en vigor el primero de enero del próximo año, se pide la devolución de esos recursos junto con los intereses que hayan generado.
Esos recursos podrán destinarse, previos convenios, a entidades federativas que justifiquen un desequilibrio financiero que les imposibilite cumplir con obligaciones de pago de corto plazo del gasto de operación, así como para mejorar la infraestructura en dichas entidades federativas y en municipios, y para atender desastres naturales.
Asimismo, las universidades e instituciones públicas de educación superior que no hayan ejercido recursos federales de ejercicios fiscales anteriores al 2027 deberán concentrarlos en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos.
Además, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrá requerir, a través de la SHCP, los pagos correspondientes al incumplimiento de obligaciones que tengan las dependencias, entidades federativas y municipios mediante sus participaciones y transferencias federales; incluso podrá aceptar pagos con bienes inmuebles.
La SHCP determinará el monto de los pagos con cargo a las participaciones y transferencias federales, garantizando que las entidades federativas y municipios cuenten con solvencia suficiente.
El ISSSTE podrá aceptar como fuente de pago bienes inmuebles que se considerarán como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse a las cuentas individuales de las personas trabajadoras.
El Instituto determinará si los bienes resultan funcionales para el cumplimiento de su objeto, asegurándose de que se encuentren libres de cualquier gravamen o proceso judicial y que el monto del adeudo no sea mayor al valor del avalúo efectuado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
En estos casos, la entidad federativa, municipio, dependencia o entidad del gobierno local, según corresponda, deberá cubrir los gravámenes y demás costos de la operación respectiva, los cuales no computarán para el cálculo del importe del pago.