Este jueves, Congreso de Veracruz votaría iniciativa contra lavado de dinero

La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado ya tiene listo el dictamen que reforma el artículo 230 del Código Penal de Veracruz, el cual amplía el catálogo de conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero para cerrar espacios de impunidad y dotar a la autoridad ministerial de mayores herramientas para perseguir eficazmente ese ilícito. Se prevé que el dictamen se someta a votación durante la sesión plenaria del Congreso del Estado que se llevará a cabo este jueves a las 11:00 horas.

Las sanciones que se contemplan son de 5 a 15 años de prisión y multa de hasta 518 mil 450 pesos al que, por sí o por interpósita persona, realice o auxilie a otra persona en cualquiera de las siguientes conductas: Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio estatal, de este hacia el exterior o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. O en su caso, oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

La reforma establece que se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

Se advierte que el lavado de dinero representa una amenaza para la estabilidad económica, la seguridad pública y el sistema financiero, al permitir que recursos de origen ilícito se integren a la economía formal. La iniciativa fue enviada por la gobernadora Norma Rocío Nahle García el 2 de marzo, la cual plantea cambios en la redacción del tipo penal para permitir sancionar a quienes participen de manera directa o a través de terceros.