Este jueves, Congreso votará dictamen de Cuenta Pública 2019

En la sesión de la Diputación Permanente de este jueves, se confirmó que este mismo día será sometido a votación el dictamen que contiene los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019.

Para ello, la Mesa Directiva de la Permanente convocó a sesión extraordinaria para las cinco de la tarde, cuyo único punto será la votación de la Cuenta Pública 2019, la primera del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y la segunda de los actuales Gobiernos municipales.

Cabe recordar que el pasado 29 de julio, Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) entregó al Congreso del Estado, la Cuenta Pública 2019.

Dicha entrega se postergó por dos ocasiones debido a la pandemia del virus SARS-CoV-12 (COVID-19), sin embargo, hoy se someterá a votación.

Durante el periodo de las auditorias, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial de 2 mil 636 millones 340 mil 268.68 pesos, de los cuales, el mayor quebranto financiero está focalizado en 210 Ayuntamientos, que en conjunto tienen una observación de 2 mil 26 millones 637 mil 885.88 pesos.

Y en la Cuenta Pública Estatal hay un presunto quebranto financiero por 279 millones 828 mil 513.26 pesos, de los cuales, 16 millones 630 mil 854.78 pesos corresponden a 3 dependencias; en 35 Organismos Públicos Descentralizados por 241 millones 686 mil 412.90 pesos y 3 Fideicomisos por 21 millones 511 mil 245.58 pesos.

Las dependencias estatales observadas con un presunto daño patrimonial de 16 millones 630 mil 854.78 pesos son la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Coordinación General de Comunicación Social.

Así como 35 Organismos Públicos Descentralizados por 241 millones 686 mil 412.90 pesos y 3 Fideicomisos por 21 millones 511 mil 245.58 pesos. Así también en la Universidad Veracruzana, Fiscalía General del Estado, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el Sistema Estatal Anticorrupción y en el Poder Judicial.