Este miércoles, Congreso definirá si retira fuero a Raúl González y Bertín Bravo

El Congreso de Veracruz se erigirá este miércoles en Jurado de Procedencia para definir si retira el fuero constitucional a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano.

La sesión extraordinaria privada está convocada a las 16:00 horas. Los 50 integrantes de la LXVII Legislatura analizarán y votarán por separado los dictámenes de la Comisión Permanente Instructora, que determinó procedentes las solicitudes presentadas por la Fiscalía General del Estado.

Tras verificar el quórum, la presidencia de la Mesa Directiva abrirá el primer expediente y declarará al Pleno constituido en Jurado de Procedencia.

La Secretaría dará lectura al dictamen o a una síntesis de sus conclusiones. El documento incluirá los señalamientos de la Fiscalía, las pruebas integradas al expediente y los argumentos expuestos por la defensa durante la audiencia de pruebas y alegatos.

El Alcalde involucrado o su abogado dispondrá de hasta 30 minutos para responder al dictamen. Después deberán abandonar el recinto para que los diputados discutan y voten la propuesta.

El mismo procedimiento se aplicará al segundo expediente. Cada caso será resuelto de manera independiente, por lo que el Congreso puede aprobar ambos desafueros, sólo uno o rechazar los 2.

Para retirar el fuero se requiere el voto favorable de las 2 terceras partes de los integrantes de la Legislatura. Al estar conformada por 50 diputados, cada propuesta necesitará al menos 34 votos.

Si el dictamen alcanza esa mayoría, el Congreso declarará que ha lugar a proceder penalmente. El alcalde perderá la protección constitucional, será separado de inmediato del cargo y quedará sujeto a la jurisdicción de los tribunales.

La declaración de procedencia no determina la culpabilidad de los ediles ni equivale a una sentencia. Su efecto consiste en retirar el fuero para que la Fiscalía pueda continuar el procedimiento penal.

Si una propuesta no obtiene los 34 votos, el Congreso declarará que no ha lugar a proceder y archivará el expediente legislativo. Mientras permanezca el fuero, no podrá iniciarse un proceso penal por los mismos hechos.

Suplentes asumirían alcaldías

Si se aprueban los dictámenes, Juliana Ruiz Martínez asumiría la Presidencia Municipal de Ixhuatlán del Sureste en sustitución de Raúl González Martínez, mientras que Pedro de Jesús Rosado Guzmán ocuparía la Alcaldía de Úrsulo Galván en lugar de Bertín Bravo Montero.

Ambos fueron registrados como suplentes en las fórmulas postuladas por Movimiento Ciudadano para el periodo municipal 2026-2029. Su incorporación permitiría mantener en funciones las administraciones mientras los alcaldes propietarios enfrentan los procedimientos promovidos por la Fiscalía.

Ramón Díaz Ávila, secretario de la Comisión Permanente Instructora, señaló que la propuesta busca garantizar la continuidad de los gobiernos municipales sin modificar la integración de las planillas electas.

“Consideramos que sería lo más correcto que ellos tomaran protesta, para que los alcaldes puedan llevar su proceso y quede gente en la administración mientras pasan esta etapa, defendiéndose de las imputaciones de la Fiscalía”, expresó.

El diputado aseguró que la Comisión no valoró la filiación partidista de los suplentes, sino su carácter de integrantes de las fórmulas que obtuvieron el triunfo electoral.

Los dictámenes señalan que los alcaldes conservarían sus derechos político-electorales. Si los procesos concluyen sin una resolución que les impida ejercer el cargo, podrían regresar a las presidencias municipales antes de que termine el periodo para el cual fueron electos.

La legislación establece que un servidor público separado del cargo podrá reasumir sus funciones si obtiene una sentencia absolutoria. En caso de condena, se aplicarán las consecuencias determinadas por la autoridad judicial.

La Comisión Permanente Instructora, presidida por Facundo Fernández de la Cruz e integrada por Ramón Díaz Ávila como secretario y Felipe Pineda Barradas como vocal, revisó las carpetas de investigación, las pruebas de la Fiscalía y los alegatos de las defensas antes de emitir los dictámenes.

Después de la votación, la Secretaría General del Congreso notificará las resoluciones a los alcaldes, a la Fiscalía y a las demás partes. Si se aprueba el desafuero, el Ministerio Público podrá solicitar ante un juez las medidas correspondientes.