A partir de mañana viernes entrarán en vigor las reformas que fortalecen la fiscalización superior en el país y que corresponde aplicarlas al veracruzano Aureliano Hernández Palacios, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con las reformas se crea el Registro Nacional de Información y Datos relacionados con los recursos federales, que permitirá concentrar información más precisa y ordenada, favoreciendo la trazabilidad y transparencia del gasto público; e impone a servidores y exservidores públicos y personas físicas multas de 17 mil 596 pesos hasta 234 mil 620 pesos por no atender requerimientos de forma total, parcialmente o por omisión.
La ASF podrá investigar en cualquier momento, y sea de oficio o a partir de denuncias, presuntas faltas administrativas graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, independientemente de las que deriven del proceso de fiscalización y del ejercicio fiscal del que se trate.
Pondrá a disposición de la ciudadanía los canales de comunicación y los instrumentos técnicos, en todas sus modalidades, que faciliten la presentación de las denuncias correspondientes. Además, cualquier persona podrá presentar denuncias mediante los canales que disponga la Auditoría.
Habrá un periodo improrrogable de 90 días hábiles para enviar a investigación los dictámenes técnicos, así como la obligación de informar a la Cámara de diputados en un máximo de 20 días hábiles en casos derivados de denuncias.
Se promueve el uso de tecnologías para notificaciones de actos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y se agilizan los procesos de investigación.
La Auditoría podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, con el objeto de apoyar los trabajos de revisión respecto del ejercicio de recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, principalmente.
Las reformas dan un plazo no mayor de 180 días naturales para que el auditor superior emita los lineamientos e instruya la implementación y operación del Registro de Información y Datos Relacionados con los Recursos Federales. Para su funcionamiento deberá establecer los mecanismos de identificación y control de acceso que observarán los entes públicos. También tendrá un plazo de 90 días naturales para realizar y adecuar las disposiciones reglamentarias correspondientes.