Excontralor de DIF avaló contratos ilegales y compras “infladas”

Las causas por las cuales fue removido Daniel Ruiz Reyes Sulvarán del cargo de Contralor Interno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz, están relacionadas con graves fallas en el desempeño de su función.

Son varios contratos en los se observan precios inflados, adjudicaciones directas ilegales y entrega de las mismas a familiares que también fueron apoyados con contrataciones en la pasada administración yunista, esto, con el aval del director administrativo Héctor Fernando Ruz Santamaría y la directora general Verónica Aguilera Tapia.

Según los contratos en la página web de transparencia del DIF Estatal, de forma indebida, el excontralor firmaba los fallos, cuando la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, en sus artículos 52 y 83, determina que para recurrir los fallos procede el recurso de revocación ante el órgano Interno de Control; no obstante, al ser Juez, automáticamente el extitular dejaba en estado de indefensión a las empresas o personas físicas que no se veían favorecidas.



Dentro de los contratos se observa el que fue entregado a Norma Ofelia Almaraz Medina, por el monto de 19 millones 373 mil 334 pesos, por la compra de auxiliares auditivos; esto, con contrato del 26 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Almaraz Medina tiene relación familiar con la persona física a la que se le compraron los mismos bienes en la administración anterior, de nombre Gustavo Almaraz Pérez.

Esto sucedió sin que Reyes Sulvarán revisara realmente el cumplimiento de los contratos anteriores y validara si era idóneo que se contratara en este Ejercicio Fiscal con la misma familia, sólo con diferente persona.



Otra de las contrataciones fue a Sopricom Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V., por el monto de 15 millones 217 mil 592 pesos, para la adquisición de apoyos funcionales (sillas de rueda, bastones, etcétera), este contrato fue fechado del 9 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

En este caso, los precios de varios de los productos adquiridos están elevados en comparación con los precios del mercado y de los precios de los contratos de los ejercicios de años anteriores, además de que se ha señalado que los productos comprados han presentado deficiencias en la calidad, pues algunos presentan desgaste y desperfectos por lo cual no podrán ser debidamente utilizados.

El entonces titular del Órgano Interno de Control nunca revisó estas situaciones y fue quien avaló la compra sin dar seguimiento.



Otra contratación fue para el Grupo Farmacéutico Teteza S.A. de C.V, por la cantidad de 9 millones 350 mil pesos, derivado de la adquisición de bolsas de diálisis para el programa de atención, signado del 11 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Aquí, con una simple búsqueda en la red, podrá detectarse que el precio de la caja marca Baxter con 8 bolsas de diálisis oscila entre los 300 y 500 pesos al menudeo y fueron compradas a un precio de 850 pesos, es decir aproximadamente al doble de su costo, sin considerar que cuando se compran grandes cantidades se adquieren a mejor precio.

Otro contrato irregular fue con Diconsa por la “adquisición, distribución y suministro de insumos para los programas alimentarios Desayunos escolares calientes y espacios alimentar

y “Nuevos espacios alimentarios”, otorgado del 10 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Éste fue otorgado por adjudicación directa, acto ilegal, ya que se deriva de la licitación pública nacional número LPN-103C80801/001/2019, la cual se declaró desierta.

Sin embargo, el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, establece que:



“Si la licitación pública se declarase desierta con base en las fracciones I, II, III y V del artículo 47 de esta Ley, se mandará a publicar otra convocatoria en los mismos términos de la primera. Si la segunda convocatoria se declara desierta, se procederá a la adjudicación directa”.

Por lo tanto, se infringió la ley por el Director Administrativo del DIF Estatal con la complicidad y el aval de Reyes Sulvarán, ya que no procedieron a convocar por segunda ocasión como marca la ley, sino que otorgaron una adjudicación directa, con lo que se benefició a una empresa que ni siquiera había participado en la primera convocatoria.

La misma situación con Diconsa con otro contrato por 230 millones 729 mil 525.46 pesos, por la adquisición, distribución y suministro de insumos para el programa alimentario “Desayunos escolares fríos”.



Este contrato tampoco se debió otorgar por adjudicación directa, ya que se deriva de las licitaciones públicas nacionales con números LPN-103C80801/002/2019, LPN-103C80801/003/2019 y LPN-103C80801/004/2019.

A continuación, se pueden observar los fallos donde se observa la firma del entonces funcionario del DIF estatal.

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/LPN.002.-FALLO.pdf



http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/FALLO-LPN-003-2019-DESAYUNOS-CALIENTES-ZONA-CENTRO.pdf

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/FALLO-LPN-004-2019.pd

Otra contratación fue para Comercializadora Integral J&B S.A. de C.V. por el monto de 2 millones 308 mil 107.68 pesos, por el servicio de vigilancia sin armas, dentro del periodo del 11 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.



Aquí, el extitular del Órgano Interno de Control no puso objeción alguna a que el director Administrativo del DIF contratara, por supuestas órdenes de la Directora General, a una comercializadora sin experiencia en temas de seguridad, para que prestara servicios de vigilancia al DIF Estatal en oficinas medulares como lo son las oficinas centrales.

Esta comercializadora remplazo al Instituto de Policía Auxiliar en varias áreas del DIF.

Personal del DIF Estatal que denuncia las anomalías prefirió guardar el anonimato por temor a represalias, afirman que le solicitaron a

Daniel Salvaran su renuncia por todas estas irregularidades cometidas, las que fueron negadas por el exfuncionario.