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Cultura Viva
Universidad Anahuac

Sección: Nacional

Exige PRD castigo a responsables de desaparición y muerte de jóvenes en Tierra Blanca

Diputados iniciarán procedimientos necesarios para avanzar en el juicio político al gobernador Javier Duarte

Ignacio Arellano Mora Ciudad de M?xico. 09/02/2016

alcalorpolitico.com

El Grupo Parlamentario del PRD condenó enérgicamente la violencia que existe en Veracruz, luego de que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que fueron hallados los restos de dos de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en Tierra Blanca.

Las diputadas y diputados del PRD lamentaron “la inseguridad que existe en la localidad y denunciamos la colusión de las autoridades locales y la ineficiencia de las autoridades federales para brindar protección a las comunidades azoladas por el crimen organizado”.



Exigió “explicaciones claras para conocer la verdad de los hechos sucedidos en Tierra Blanca”.

Asimismo, iniciará “los procedimientos necesarios en la Cámara de Diputados para avanzar en el juicio político al gobernador Javier Duarte, cuyo Gobierno ha sido evidenciado en la violación grave y sistemática de los derechos humanos y la inexistencia de un Estado de derecho”.

Por ello, los legisladores perredistas enviarán “las condolencias a los familiares de las víctimas y exhortamos a las instituciones competentes a continuar con el proceso de búsqueda de los jóvenes y dar castigo ejemplar a los responsables”.



Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez y Alfredo González Díaz fueron secuestrados por policías estatales de Veracruz y entregados a la delincuencia organizada, lo cual, evidencia los alcances y el grado de infiltración de dichos grupos en las instituciones públicas.

Por ello conminaron a aumentar la revisión del Sistema de Seguridad Local y establecer candados que eviten la entrada de los criminales en las instituciones que debieran garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Convocaron “a las demás fuerzas políticas del país a analizar, discutir y legislar con toda seriedad, prontitud y compromiso para definir un esquema de seguridad pública que realmente garantice la protección, integridad y los derechos humanos de los mexicanos”.