Los 10 regidores que integran el Cabildo se pronunciaron de manera conjunta, para confirmar que el 14 de mayo presentaron una denuncia formal de juicio político ante el Congreso del Estado de Veracruz contra la presidenta municipal morenista Blanca Lilia Arrieta Pardo, solicitando su remoción del cargo por presuntas faltas graves al ejercicio de sus funciones.
A través de un comunicado oficial firmado por los 4 regidores y 6 regidoras de las 10 posiciones del Cabildo, la denuncia se fundamenta en lo que describen como un “alarmante deterioro de la gobernabilidad” del municipio, presuntos actos de corrupción, violencia laboral, abuso de poder y reiteradas omisiones en el cumplimiento de la Ley.
La denuncia fue ratificada el 19 de mayo ante la Secretaría del Congreso y, en sesión ordinaria del 27 de mayo, se acordó turnarla a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del municipio Libre y la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz.
Entre los señalamientos más graves destacan las constantes ausencias de la Alcaldesa del territorio nacional al menos en 5 ocasiones sin informar al Cabildo ni designar a un encargado del despacho, lo que ha generado un vacío de autoridad en el Gobierno local.
Asimismo, se acusa a Arrieta Pardo de suscribir convenios y compromisos con entidades extranjeras sin el consentimiento del Cabildo ni la autorización del Congreso del Estado, una acción que, según los ediles, vulnera el marco legal municipal y estatal.
También se le imputa mantener un ambiente de acoso y violencia laboral, particularmente hacia trabajadoras del Ayuntamiento, afectando gravemente el desempeño del personal y la calidad de los servicios públicos. A esto se suma el señalamiento de impedir que el Cabildo sesione regularmente, o bien, convocar a sesiones a través de funcionarios sin atribuciones legales, lo que entorpece el funcionamiento del órgano colegiado.
Uno de los puntos que ha generado mayor indignación entre los ediles es el uso discrecional de recursos públicos en favor de su hija, Asenet Castro Arrieta, quien ocupa el cargo honorífico de presidenta del DIF municipal.
Apuntan que Asenet Castro ha reemplazado en varias ocasiones a la Alcaldesa en eventos oficiales, inauguraciones y entrega de apoyos, todo ello sin facultades legales y utilizando vehículos y personal del Ayuntamiento. Incluso se afirma que la Dirección de Desarrollo Social, Humano y Regional ha sido colocada bajo su control directo.
En el marco de la reciente Feria de la Naranja, el Cabildo denunció que la Presidenta Municipal ordenó pagos sin fondos suficientes y sin autorización del cuerpo edilicio. Ante la negativa del Tesorero Municipal, la Alcaldesa habría exigido su renuncia y el 2 de junio procedió a despedir a la contadora de la Tesorería y a otros 3 profesionistas contables, en lo que los ediles describen como un intento de desmantelar esta área clave para el control financiero del municipio, justo en la recta final de la administración 2022-2025.
“Todo lo anterior configura no sólo graves violaciones al orden jurídico y posibles delitos, sino un atentado directo contra la ciudadanía y las instituciones municipales”, advirtieron los firmantes.
En su pronunciamiento, los ediles instaron al Congreso del Estado a actuar con prontitud para evitar mayores afectaciones al municipio y garantizar el respeto al estado de derecho, así como la protección de los derechos de los habitantes de Álamo Temapache.
“La política debe hacerse con honradez, transparencia y compromiso con la ciudadanía. No podemos seguir permitiendo que se normalicen los abusos de poder ni el desprecio por la Ley”, concluye el comunicado firmado por los regidores del primero al décimo, Francisco Cuervo Mejía, María Eugenia Hernández Bazán, Dora Emilia Coronel Yáñez, Maricela Ánimas Ángeles, Norma Rubicelia Rodríguez Cruz, Nicolás de Jesús Hernández Camacho, Rosa Vicencio Hernández, Pedro Antonio Zamora Lara, Verónica Fabiola Jiménez Alcubilla y Héctor Bustillo Quintana.
La situación ha generado tensión en el municipio y se espera que en los próximos días las Comisiones legislativas emitan un pronunciamiento sobre el avance del procedimiento. Mientras tanto, la alcaldesa Arrieta Pardo no ha emitido un posicionamiento oficial.