Existen en México mil 500 niños que viven con su madre o padre en prisión: INMUJERES

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley de Asistencia Social, para garantizar este derecho a los hijos de madres reclusas, que nazcan y permanezcan en cualquier centro de prevención y/o readaptación social.

El documento surge de una iniciativa que presentó la diputada panista María García Pérez, el pasado 16 de marzo, que fue avalado por unanimidad, con 422 votos a favor, y se turna al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Adiciona un inciso n) a la fracción I, segundo párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, con el fin de garantizar la asistencia social a todos los niños, niñas y adolescentes que nazcan o permanezcan en cualquier centro de prevención y readaptación social y sean hijas o hijos de madres reclusas.



En el documento se expone que, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en cárceles de México existen 13 mil niños, hijos de mujeres presas, de los cuales mil 500 viven con su madre y o padre en prisión, con todo lo que ello implica en términos de desarrollo humano y libertad.

Resalta que en los reglamentos de las prisiones de la Ciudad de México no se reconocen los derechos de los menores que permanecen internos con sus madres y/o padres, y en los penales del resto del país también existen carencias y deficiencias.

El artículo 4 establece que: “tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones… requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar”, sin embargo, actualmente no se considera a menores que viven en estas condiciones.



Se resalta la importancia de agregar al texto actual el inciso n) que indica “nacer y permanecer en cualquier centro de prevención y readaptación social y/o ser hijas o hijos de madres reclusas”.

Destaca la importancia de las disposiciones en el ámbito de la asistencia social, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los sectores social y privado, con el propósito de proteger a la clase más vulnerable y desprotegida del país.