Exjueza Angélica Sánchez peleará indemnización por daños que le causó la Fiscalía

La exjueza Angélica Sánchez Hernández prepara con sus abogados una reclamación para exigir indemnización por los daños laborales, patrimoniales y personales que atribuye a los procesos penales promovidos en su contra por la Fiscalía General del Estado.

La acción sería presentada después de que un juez de control dictó la no vinculación a proceso, obligado por un amparo federal confirmado por un Tribunal Colegiado. Sánchez Hernández sostuvo que la exfiscal Verónica Hernández Giadáns y el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez deberían cubrir el pago con sus recursos, al responsabilizarlos de las acciones emprendidas en su contra y de otros casos que, a su juicio, sólo mostraron su falta de capacidad en el servicio público.

La legislación de Veracruz establece, sin embargo, que una eventual indemnización debe cubrirse con recursos públicos. “Yo podré acudir a diversa vía para que se me indemnice. No se los van a cobrar a ellos de su bolsillo. Será el Estado de Veracruz”, lamentó Sánchez Hernández.

Buscará la vía administrativa

La estrategia se apoya en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permiten analizar las actuaciones del Ministerio Público bajo el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado. En el amparo directo 21/2024, resuelto el 21 de enero de 2026, el Pleno de la Corte determinó que la vía administrativa, y no la civil, es la indicada para reclamar una indemnización por daños atribuidos a una institución ministerial.

El precedente no establece que toda persona absuelta o liberada tenga derecho automático a recibir dinero. Para obtenerlo debe acreditar que el Ministerio Público actuó fuera de las reglas que regulaban su función, que existió un daño real y cuantificable y que ese perjuicio fue consecuencia directa de la actuación irregular. La Corte ha considerado que puede existir responsabilidad cuando el Ministerio Público ejerce acción penal sin realizar las diligencias necesarias para sostener la existencia del delito y la probable responsabilidad de la persona investigada.

También ha precisado que una absolución, por sí sola, no demuestra una actuación irregular. Sánchez Hernández señaló que su defensa deberá documentar los ingresos que dejó de recibir, la interrupción de su carrera judicial, la afectación a su jubilación, los gastos derivados de su defensa y el daño moral que asegura haber sufrido desde su detención. “Yo actualmente tengo 60 años. Este tiempo que me hicieron perder de mi trabajo debe ser resarcido con una indemnización”, expuso. En su caso dijo, fueron “errores” del Ministerio Público, que realizó carpetas de investigación que a la postre resultaron “equivocadas”.

El origen del proceso penal

La persecución contra Sánchez Hernández comenzó después de que ordenó cumplir un amparo federal que abrió paso a la liberación de Itiel “N”, alias “Compa Playa”. La entonces jueza sostuvo que no tenía margen para mantenerlo recluido porque la determinación federal debía ser acatada. La Fiscalía consideró que incurrió en delitos al ordenar su libertad y promovió distintos procesos penales en su contra.

Sánchez Hernández fue detenida en 2023 y enfrentó acusaciones que, de acuerdo con su versión, se sustentaron en la misma resolución jurisdiccional que los tribunales federales declararon ajustada a Derecho.

El último amparo que obtuvo en contra de estos procesos fue concedido de manera lisa y llana y confirmado por un Tribunal Colegiado, por lo que el juez de control de Pacho Viejo debía dictar la no vinculación a proceso, lo que finalmente ocurrió. “Al juez de primera instancia no le quedaba absolutamente otro remedio más que cumplirlo”, afirmó. “Yo fui de las que me negué a estar rindiendo cuentas sobre una resolución que era mi responsabilidad dictar y que finalmente el tribunal federal siempre avaló”.

Itiel “N” fue trasladado a custodia de Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 junto con otras 28 personas acusadas en ese país de narcotráfico, delincuencia organizada, homicidio, lavado de dinero y otros delitos, sin embargo, había conseguido un amparo por las diversas irregularidades en sus procedimientos.

Mantiene impugnaciones

Aunque quedó fuera del proceso penal, Sánchez Hernández todavía enfrenta los efectos de las sanciones administrativas impuestas durante y después de su encarcelamiento. La exjueza explicó que promovió amparos contra dos procedimientos administrativos sancionadores. Algunos recursos fueron rechazados, otros concedidos y varios permanecen pendientes de resolución o, según dijo, todavía no le han sido notificados.

Uno de los procedimientos se abrió por los mismos hechos que dieron origen a la acusación penal: la resolución que permitió la salida de Itiel “N”. “Fueron exactamente las mismas razones por las que se abrió el procedimiento penal y, a la par, el procedimiento administrativo sancionador”, dijo.

Sánchez sostuvo que sancionarla por el contenido de una decisión judicial implicó castigarla por ejercer su jurisdicción. “Era una resolución dictada conforme a derecho”, reiteró.

El segundo procedimiento derivó de una revisión practicada en el juzgado de Cosamaloapan mientras ella se encontraba recluida en el penal de Pacho Viejo. De acuerdo con su relato, el entonces Consejo de la Judicatura revisó los expedientes y le atribuyó inicialmente irregularidades en 98 asuntos. En la resolución administrativa sólo se mantuvieron señalamientos en nueve, los cuales están impugnados.

Sánchez Hernández afirmó que esos actos no correspondían al periodo en el que estuvo a cargo del juzgado y que también los impugnó mediante amparo. “Me atribuyeron responsabilidades que no me correspondían porque no habían sido dictadas en mi tiempo”, manifestó.

En el expediente administrativo 117/2023-II, el Pleno del Consejo de la Judicatura le impuso una inhabilitación de cinco años, vigente del 14 de marzo de 2024 al 13 de marzo de 2029, al considerar que intentó documentar hechos que no ocurrieron mediante las atribuciones de su cargo. Además, el Tribunal de Disciplina Judicial la inhabilitó durante tres meses, del 12 de diciembre de 2025 al 12 de marzo de 2026, por omitir ordenar la notificación a la víctima y al ofendido durante una audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.

Analiza si buscará cargo de jueza

Sánchez no descarta intentar su regreso al Poder Judicial, pero señaló que es una posibilidad que depende de que los tribunales resuelvan los amparos contra las sanciones administrativas.

La exjueza consideró que podría postularse en una futura elección judicial si queda sin efectos la inhabilitación. Durante la entrevista mencionó el proceso electoral de 2028, aunque la sanción de cinco años registrada actualmente concluye en marzo de 2029. Para participar antes de esa fecha tendría que obtener una sentencia favorable que anule o modifique la inhabilitación. En caso de que la elección se aplace, la exjueza podría contender.

A sus 60 años, dijo que también debe valorar el impacto personal de reiniciar su carrera. Cuando fue detenida, agregó, le faltaban alrededor de cinco años para cumplir las condiciones necesarias para jubilarse. “Imagínese con qué ganas me agarran ahorita mis 60 años para volver a ser juez, andar rodando por todos los juzgados del Estado”, expresó.
La posibilidad de regresar depende además, expuso, de las condiciones bajo las que actualmente trabajan los juzgadores estatales. Sánchez acusó que funcionarios de las áreas administrativas y jurídicas del Poder Judicial acuden a los juzgados para vigilar y presionar a jueces cuyas resoluciones pueden contrariar los intereses de quienes dirigen la institución.

De acuerdo con su versión, dejaron de utilizar llamadas telefónicas para evitar ser grabados y ahora envían personas directamente a los órganos jurisdiccionales para dar línea en casos que se consideran relevantes. “Se apersonan en los juzgados para estar amedrentando a los jueces, amenazándolos con quitarles el trabajo”, declaró.

Afirmó que parte del personal trabaja mediante contratos de tres meses, cuya renovación puede utilizarse para condicionar el sentido de las decisiones. “Si haces una resolución que no nos agrada, ya simplemente no te renovamos el contrato”, señaló. “Ya están totalmente controlados los jueces aquí. Ya no hay independencia judicial. La plenitud de jurisdicción solamente quedó en el papel”.

Sánchez afirmó que la pérdida de independencia es uno de los factores que la llevan a privilegiar la reclamación indemnizatoria sobre el retorno al cargo. “Las presiones, la carga de trabajo y que los quieran obligar a resolver de determinada manera es frustrante para cualquiera que ama el derecho (…), por esta razón muchos jueces que fueron electos ya están renunciando”, concluyó.