Extinguen Comisión creada en 2003 para coordinar política en derechos humanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador expidió un decreto por el que se abroga la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, creada con carácter de permanente el 11 de marzo de 2003.

Dicha Comisión tenía por objeto coordinar las acciones que lleven a cabo, a nivel nacional e internacional, las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de política de derechos humanos, con el fin de fortalecer la promoción y defensa de estos derechos.

El titular del Poder Ejecutivo Federal justificó que desde la creación de la Comisión, el Estado Mexicano ha firmado, ratificado y asumido las obligaciones y preceptos de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, principalmente.



Además, la Comisión fue creada con anterioridad a la reforma del Capítulo I del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, derivado del cambio al modelo constitucional, se han creado diversas comisiones, sistemas, mecanismos y programas específicos que abordan diferentes asuntos que permiten diseñar y coordinar la política y las acciones gubernamentales enfocadas al fortalecimiento de la promoción y defensa de los derechos humanos, las cuales establecen estructuras encaminadas a la coordinación de las acciones que deben implementar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en dicha materia y, en consecuencia, queda sin materia el objeto de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.

Por esa razón, la Comisión ya no es un medio vigente ni permanente para diseñar y coordinar las políticas y acciones gubernamentales en materia de derechos humanos, ya que responde a una realidad y a un entramado jurídico e institucional diferente al contexto actual.