Extitular de SSP, Jaime Téllez, tendría que encarar desvíos millonarios en su periodo

Las observaciones por presunto daño patrimonial por mil 51 millones 975 mil 896.57 pesos pueden generar responsabilidad legal al exsecretario de Seguridad Pública durante el bienio yunista, Jaime Téllez Marié.

Lo anterior, debido a que un Tribunal federal está por determinar como improcedente un recurso de queja que promovió después de que un Juez federal desechó un amparo contra la nueva revisión a la Cuenta Pública 2018 realizada por la LXV Legislatura de Veracruz.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en sesión realizada vía videoconferencia, ordenó dejar en lista el asunto, toda vez que “de oficio se estima la posible causa de improcedencia” prevista en la Ley de Amparo.



Las autoridades determinaron lo anterior en virtud de que del contenido del decreto 295, a través del cual no se aprobó la Cuenta Pública 2018 y se ordena al Órgano de Fiscalización efectuar una nueva valoración sobre las aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria presentada por los entes de fiscalizables.

El Tribunal estima que Téllez Marié no acredita un interés jurídico por parte del quejoso para activar el juicio de amparo, pues el hecho de que no se haya aprobado la Cuenta Pública 2018 no le causa un agravio personal y directo en su esfera jurídica, además de que el decreto no se encuentra dirigido a una persona en particular, sino que habla de "entes fiscalizables".

“Por consiguiente, carece igualmente de legitimación para activar la instancia de amparo, pues del acto reclamado no se advierte que se transgreda interés difuso alguno en su perjuicio”.



Se concedieron 3 días al exsecretario para que manifieste lo que a su interés legal convenga, lo cual deberá desahogar mediante el Portal de Servicios en Línea.

A finales de noviembre de 2019, el exsecretario de Seguridad Pública intentó ampararse ante la justicia federal en contra de la decisión del Congreso del Estado de revisar nuevamente las Cuentas Públicas de 2018.

Sin embargo, el Juzgado Primero de Distrito desechó su demanda en contra del decreto número 295 emitido por la LXIV Legislatura.



Hay que recordar que por probables irregularidades en el gasto público, los diputados locales optaron por no aprobar la Cuenta Pública de dicho ejercicio en los entes fiscales y se ordenó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) a que en un plazo no mayor a noventa días efectuara la nueva valoración.

Posteriormente, en febrero del año en curso, el Poder Legislativo aprobó las Cuentas Públicas y en lo referente a la revisión del Suministro e Instalación de las Cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de mil 51 millones 975 mil 896.57 pesos.