Extorsionadores de empresario detenidos el martes son familiares de Diputado de San Luis Potosí

Al Juzgado Quinto de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz fueron presentados a rendir declaración preparatoria los empresarios Eibar Rogelio Castilla Sosa y Eibar Castilla Jongitud debido al delito de extorsión en agravio de un empresario de bienes inmobiliarios. El abogado de la parte agraviada, Xavier Olea Pelayo, aseveró que su cliente ha recibido amenazas de muerte a través de mensajes en su celular, pero se dijo confiado en la justicia de Veracruz para que no salgan estas personas.

Esto quedó fundamentado dentro de la causa penal 123/2014 del Juzgado Quinto de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, por el delito de extorsión en agravio del empresario del ramo minero Eduardo Zayas Dueñas.

Eibar Rogelio Castilla Sosa y Eibar Castilla Jongitud, fueron señalados de dedicarse a invadir los terrenos de la empresa Desarrolladora y Promotora Pachuca SA, importante inmobiliaria del Distrito Federal.



Dichas personas son además padre y hermano del diputado de Nueva Alianza por San Luis Potosí, Jaen Castilla Jongitud.

La empresa afectada interpuso la denuncia y entonces se vinieron presentando una serie de extorsiones hacia el apoderado legal Eduardo Zayas Dueñas, a través de llamadas telefónicas y recibiendo mensajes de texto de los supuestos dueños de dichos terrenos, los cuales en tono agresivo, amenazaban al apoderado con matarlo a él y a su familia si no retiraba dicha denuncia. Al hacer caso omiso recibió en una de las arterias de máxima circulación del Distrito Federal una intervención por parte de sujetos desconocidos, los cuales iban en nombre de Eibar Rogelio Castilla Sosa.

Dichos sujetos lo amenazaron, diciéndole que dejara las cosas como estaban si no perdería a su familia, motivo por el cual recibió una cita en la ciudad de Veracruz, por parte de Eibar Rogelio Castilla Sosa y Eibar Castilla Jongitud, en el centro comercial Plaza Sol, donde al arribar el apoderado legal de dicha empresa, le dijeron que tenía que dar 300 mil pesos a las cuatro de la tarde en un restaurante de Boca del Río, ya que si no daba esa cantidad su familia moriría y él no saldría vivo de Veracruz.



Los indiciados, al saber de la denuncia en su contra y de delito que se les imputaba, sólo decidieron acogerse a los beneficios del Artículo 20 constitucional para no decir nada, ni responder a cuestionamientos y presentar su dicho por escrito.

El abogado defensor de la parte agraviada, Xavier Olea Pelayo, sostuvo que su cliente sí dio la cantidad que le exigían por la extorsión en un restaurante de Boca del Río y espera que el Juez dicte la resolución. Además, dijo que él confía plenamente en la justicia veracruzana, sobre todo lo que ha declarado en días pasados el Gobernador de Estado, “cierto estoy que estas personas han pretendido hablar con ciertas personas del Tribunal para presionar políticamente, pero yo creo en la autonomía judicial y espero que dentro del término les dicten la formal prisión”.

Xavier Olea Pelayo abundó en el sentido de que este tipo de conductas delictivas se vienen dando no sólo en Veracruz, sino en todas partes del país.



El litigante sostuvo que sus clientes, pese a que estas personas están ya encerradas, han seguido recibiendo mensajes sobre todo ayer martes, entre 12 o 13 mensajes, seguramente de parte de estas personas, donde les expresan abiertamente amenazas de muerte y es por ello que piden todo el peso de la ley.

Será en las próximas 72 horas ampliadas cuando se le determine la situación jurídica a padre e hijo acusados de extorsión.