Extrabajadores del Seguro Popular critican que lanzaran convocatoria para ocupar sus antiguos puestos

Aunque el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prometió que 500 trabajadores del Seguro Popular serían recontratados, los afectados ignoran si será posible, pues mientras ellos negocian con Rogelio Franco, el ahora Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud lanzó una convocatoria para ocupar puestos que hasta hace unos días les correspondían.

Lo anterior, se comprueba con una publicación en la página del Servicio Nacional de Empleo Veracruz (SNEVER), con fecha del 12 de enero, en la cual el Organismo Público Descentralizado solicita cargos como: “gestor (a) del Seguro Popular Fijo; gestor (a) del Seguro Popular Itinerante; Jefe (a) de Módulo de Afiliación; Orientador (a) de Afiliación y Personal para Brigada.

“El Gobierno está haciendo lo que mejor sabe, reprimir. Estamos empantanados en negociaciones con la Secretaría de Gobierno, ya corrió una semana y no vemos nada claro. No nos pueden despedir como a una pobre sirvienta”, recriminó Alfredo Ortega Pérez, secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz (SITREPSSV).



Si bien, el entrevistado aceptó que unos 100 trabajadores regresaron a sus labores, de 500 que prometió el Ejecutivo estatal, reprobó que sus compañeros fueran contratados bajo un “esquema retrógrado”, en el cual, dijo, se ignoran antigüedades hasta de diez años y desaparecen los contratos colectivos.

“Es evidente que les estorbamos, porque a pesar que el color de nuestra camisa es blanca y con el emblema del Seguro Popular, ellos la ven roja y quieren ponerle a los nuevos camisa azul, simbólicamente hablando”, abundó Ortega Pérez.

De acuerdo con el Vocero, la última oferta de parte del área jurídica de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), fue liquidar a los afectados, reconociéndoles únicamente tres meses de trabajo.



En respuesta, el líder sindical aseguró que al menos 250 afectados presentarán demandas individuales y colectivas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, exigiendo una reinstalación o en su defecto una liquidación que reconozca en algunos casos hasta diez años de servicios.

“El gobierno se equivoca, pues generalmente un trabajador gana las demandas, más en nuestro caso. En un año cuando ganemos, nos deberán pagar fuertes cantidades por concepto de liquidación o mejor aún reinstalarnos y despedir a esta gente que ahora solicita en convocatorias”, concluyó Ortega Pérez.