Falla Fiscalía con su trabajo en fosas clandestinas, exhiben activistas

Un deficiente desempeño de la Dirección General de Servicios Periciales, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), detectaron Colectivos de Búsqueda de Personas en el levantamiento de restos en fosas clandestinas en el predio La Guapota, municipio de Úrsulo Galván.

Al respecto Nallely Guarneros Zarandona, esposa de Sergio Rueda y cuñada de Liliana Rueda, ambos desaparecidos en julio de 2019, refirió que como parte del Consejo Estatal Ciudadano, participó como observadora en la intervención de sitios positivos de fosas clandestinas por parte de las autoridades.



“En los predios se asiste para observar los trabajos, entonces en estos dos años que me tocó a mí se hicieron observaciones, por ejemplo (Servicios) Periciales no estaba haciendo el levantamiento correspondiente, había como algunos errores y entonces íbamos marcando lo que estábamos observando de los predios, de La Guapota, donde se nos invitaba para participar (como observadores)”.

En el caso de la Barranca de La Aurora, los Colectivos advirtieron de una insuficiente asistencia por parte de la Secretaría de Salud, al no enviar ambulancias de primeros auxilios, aún y cuando el tramo para acceder al predio es de más de dos horas a pie.



“Vas y observas y después hay reuniones de seguimiento de los predios y no puede haber como un error, de que fueron más indicios los que se recogieron de lo que se marcó ese día o menos, no puede haber diferentes datos de cuándo alguien lleva los registros” abundó.

Advirtió que con la falta de una convocatoria para renovar el Consejo Estatal Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las labores se realizarán sin la participación de los Consejeros al no prorrogarse los nombramientos ni designar nuevos reemplazos.

Cabe recordar que dicho Consejo Ciudadano participa como observador de la tarea de las autoridades en el levantamiento de fosas clandestinas, y éste es conformado por seis familiares de desaparecidos (dos de la zona norte, dos de la zona centro y dos de la zona sur), además de especialistas en la defensa de los derechos humanos y tres de la sociedad civil.