Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), confirmó que entre el 60 y 70 por ciento de los 212 ayuntamientos (de 127 a 148), que entraron en funciones el pasado 1° de enero, presentaron quejas por el proceso de entrega-recepción al no sujetarse a los términos legales.
Aunque expuso que la experiencia con transiciones municipales anteriores determina que, muchas veces, las quejas tienen que ver con cuestiones políticas y no propiamente por situaciones administrativas.
“Esta experiencia la tuvimos hace 4 años, cuando muchas administraciones municipales nuevas llegaron con el ánimo de no comunicarse debidamente con las autoridades salientes (…) entonces ya sabemos que políticamente ocurren cosas así”, agregó.
Manifestó que el ente fiscalizador impartió cursos de capacitación para el proceso de entrega-recepción a las autoridades salientes y entrantes.
“Ahora, las autoridades entrantes nos están diciendo que no les entregaron completo; lo que tenemos que ver es si efectivamente es así, si lo que se está diciendo es correcto. Capacitación no les faltaba, tal vez faltó voluntad. Hay que determinar si efectivamente lo que se dice es cierto, porque es muy fácil imputar”.
La auditora que concluye el encargo el próximo 25 de septiembre, dijo que ese tema en particular se revisará en las auditorías a las cuentas públicas 2025, que tendrán que entregarse al Congreso del Estado a más tardar el 30 de abril y el Congreso debe remitirlas al ORFIS el 15 de mayo.
“Tenemos muchas quejas y denuncias. Eso lo estaremos revisando en la cuenta pública 2025. Y en paralelo a lo que ellos ya han trabajado (los alcaldes), nosotros estaríamos confirmando, o no”.
Reconoció que en los procesos de entrega-recepción de los ayuntamientos se denuncia daño patrimonial, falta de vehículos, equipo, bienes, documentación e incluso hasta oficinas vacías. “En muchos casos se denuncia eso. Nosotros tenemos que verificarlo, tenemos que ver si esas denuncias son procedentes o no, si esas quejas efectivamente corresponden o no.
Insistió que eso se verificará en la medida que avance el proceso de fiscalización, pues en este momento no se tienen todos los elementos, ya que no se tiene la totalidad de las cuentas públicas. “Hay que hacer un análisis, tomar en cuenta lo que nos dijo la autoridad actual para poder determinar si es procedente o no”, concluyó.