Familia Beaumont acusa anomalías en litigio por predio que lleva casi 15 años, en Xalapa

Hace casi 15 años inició la disputa por un terreno de más de mil 500 metros cuadrados, y esto se convirtió para 5 familias de apellido Beaumont en una larga batalla judicial que ahora alcanza a un notario, integrantes de la familia Fernández Chedraui, al notario Luis Octavio Salmerón Ortiz y al juez Leopoldo Toss Capistrán, a quienes señalan por presuntas irregularidades que habrían permitido mantener en disputa una propiedad que, aseguran, les pertenece.

Las familias sostienen que el conflicto se originó en enero de 2011 y que durante este tiempo han presentado antecedentes registrales, documentos de propiedad y pruebas sobre una posesión que, afirman, han mantenido durante más de 4 décadas. Su acusación central apunta a una presunta sobreescrituración mediante la cual se habría intentado incorporar a la propiedad de los Fernández Chedraui una superficie que corresponde a los Beaumont.

El señalamiento alcanza al notario público número 15, Luis Octavio Salmerón Ortiz, quien habría autorizado en 2010 una escritura de rectificación de medidas relacionada con el predio colindante con el extinto club hípico de la familia Fernández Chedraui.

De acuerdo con los afectados, esa rectificación no podía modificar derechos previamente inscritos ni afectar propiedades de terceros. Sin embargo, sostienen que el procedimiento ignoró las colindancias, los antecedentes registrales y la posesión histórica del terreno.

El conflicto tomó una dimensión distinta cuando los Beaumont comenzaron a cuestionar la actuación de funcionarios judiciales que han intervenido en los distintos procedimientos. Entre ellos se encuentra Leopoldo Toss Capistrán, a quien acusan de haber favorecido a los Fernández Chedraui.

Uno de los expedientes centrales es el 1120/2017, tramitado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Xalapa, relacionado con una fracción del terreno que los Beaumont aseguran fue invadida por los hermanos Fernández Chedraui.

En ese procedimiento, las familias sostienen que las pruebas periciales en topografía determinaron que la superficie reclamada pertenecía a los Beaumont, mientras que la contraparte no habría logrado acreditar el supuesto excedente ni establecer con precisión dónde se encontraba.

También argumentan que el inmueble fue adquirido bajo la modalidad “ad corpus”, término jurídico que significa que se compró como un cuerpo cierto por un precio determinado, por lo que una posterior rectificación de medidas no podía utilizarse, según su interpretación, para apropiarse de una superficie perteneciente a terceros.

A pesar de esos elementos, los afectados mencionan que Toss Capistrán emitió una sentencia desfavorable para ellos. La resolución fue impugnada y actualmente el caso se encuentra en amparo ante un Tribunal Colegiado, pendiente de resolución.

Los Beaumont también han señalado posibles actos de corrupción dentro de los procesos judiciales. Según sus denuncias, algunos juzgadores habrían recibido sobornos de Manuel Fernández Ávila y de sus hijos Manuel Antonio y Rodrigo Fernández Chedraui para retrasar resoluciones y prolongar los procedimientos.

El expediente 335/2012 constituye otro de los antecedentes que mencionan las familias. Fue radicado ante el Juzgado Primero de Distrito en Veracruz, con sede en Los Duraznos, congregación de Naolinco de Victoria, y los Beaumont sostienen que en ese proceso existe una orden de aprehensión contra Manuel y Antonio Fernández Chedraui.

El litigio ha atravesado 3 administraciones estatales, 2 federales y múltiples cambios en los juzgados. Para los Beaumont, la duración del conflicto y las decisiones que han enfrentado son indicios de un esquema de protección institucional que, afirman, debe ser investigado.

Otro antecedente que forma parte de sus señalamientos corresponde al juez Héctor Espinoza Espino, quien decretó la caducidad de uno de los procedimientos. Los afectados promovieron un amparo al considerar que esa determinación era improcedente porque el juicio estaba suspendido debido a acumulaciones promovidas dentro del propio proceso.

Un Tribunal Colegiado determinó posteriormente que la caducidad no era procedente debido precisamente a la suspensión del procedimiento.

Ante este historial, los Beaumont solicitan a la gobernadora Rocío Nahle García que se investiguen los señalamientos relacionados con el juez Leopoldo Toss Capistrán y que sea separado del cargo mientras se determina si incurrió en alguna responsabilidad.

Y es que ante los diversos señalamientos en su contra al relacionarlo como el juez del llamado “cartel inmobiliario”, consideran que todas sus resoluciones deben ser analizadas y en su caso rectificadas.

“Un juez que no tiene buena fama pública, que ya demostró que se vende al mejor postor y que favoreció a los Fernández Chedraui no puede seguir impartiendo justicia”, sostienen los afectados.

Las familias consideran insuficiente que el juzgador simplemente sea cambiado de adscripción y demandan que se revise su actuación, así como sus posibles vínculos con abogados, funcionarios, notarios y particulares señalados en otros conflictos relacionados con propiedades en Xalapa.

También solicitan investigar al notario Luis Octavio Salmerón Ortiz y revisar la actuación de quienes participaron en la operación mediante la cual, según su denuncia, se habría intentado modificar la superficie del inmueble.

Después de 14 años y 8 meses de litigio, los Beaumont aseguran que su objetivo ya no es únicamente recuperar el terreno que reclaman como propio. Buscan que se determine si detrás del conflicto existieron irregularidades y, de ser así, que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias legales.

“Esperamos que este caso se resuelva conforme a derecho, que se nos restituya lo que nos pertenece y que los responsables, ya sean jueces, notario, que sean puesto ante las instancias legales, sólo así se terminará con estas prácticas que han hecho tanto daño a las familias de Xalapa”, señalan.

El caso permanece abierto en los tribunales y será mediante las resoluciones correspondientes como deberá determinarse la titularidad de la superficie en disputa y, en su caso, la existencia de responsabilidades por los hechos denunciados.