Familiares se disputan inmuebles que poseyó Manuel Carbonell de la Hoz

Los bienes inmuebles que en vida adquirió el entonces subsecretario de gobierno, Manuel Carbonell de la Hoz en el sexenio del gobernador Rafael Murillo Vidal, son ahora objeto de disputa entre procesos judiciales y notariales, según el oficio que dirigió Giovanna Carbonell Domínguez a la gobernadora Rocío Nahle García, en el que identifica a familiares, jueces y notarios públicos en una complicidad tipo “cartel inmobiliario” para cambiar la sucesión testamentaria que ya había sido cerrada y catalogada como “cosa juzgada”.

Entre las irregularidades que señala la promovente se encuentra la presunta utilización de un testamento atribuido a Manuela Landa Lagunes en 2015, pese a que —según el propio expediente del caso— la mujer falleció el 21 de diciembre de 2008. De acuerdo con la denunciante, dicha alteración le habría permitido a Luis Roberto Carbonell Landa, quien firmó y ratificó el Convenio de Conformidad el 2 de mayo de 2008, entablar juicio de amparo indirecto que tras diversos trámites quedó sobreseído.

La denunciante cuestiona las actuaciones de diversas autoridades judiciales y fedatarios que han intervenido en el caso. Menciona a las juezas Blanca Miriam Herrera Fragoso y Dania Iveth Arenas Pérez; a los magistrados Juan José Rivera Castellanos, Luis Alfredo López Ronzón y Rafael Sánchez; así como a los notarios Gonzalo M. Ortiz Blanco, Andrés Domínguez Fernández, Tamara Morales Owseykoff y Manuel Díaz Rivera, a quienes atribuye haber participado en resoluciones, escrituras y otras actuaciones relacionadas con los procesos judiciales y las operaciones vinculadas con los bienes en disputa.

Diversos bienes en disputa

El conflicto, detalla, se centra en bienes que formaron parte del inventario del juicio sucesorio intestamentario 85/2002, iniciado tras la muerte de Manuel Carbonell de la Hoz.

Entre los bienes enlistados se encuentran una casa y terreno ubicados en la avenida Orizaba esquina con Paseo de las Palmas, en la ciudad de Xalapa; un predio rústico denominado Potrero de la Mancha, en el municipio de Actopan, con una superficie de 30 hectáreas; otro predio con el mismo nombre en esa misma zona, con una extensión de 96 hectáreas; y un local comercial ubicado en la planta alta del Pasaje Tanos, también en Xalapa.

Según la denunciante, inicialmente todos los coherederos aceptaron el inventario de bienes y posteriormente firmaron un convenio de transacción para su repartición. Ese acuerdo fue firmado el 2 de mayo de 2008 y ratificado ante notario el 19 de mayo del mismo año.

En ese convenio, la casa ubicada en la avenida Orizaba y Paseo de las Palmas, así como uno de los predios rústicos de Actopan, quedaron asignados a Hugo Alfredo, Luis Roberto e Irma Eumelia Carbonell Landa, además de Manuela Landa Lagunes y Carlos Arturo Carbonell Domínguez en su carácter de albacea.

El otro predio rústico y el local comercial del Pasaje Tanos fueron asignados a Manuel Bernardo Carbonell Ortega y Gloria Ortega Hernández. Posteriormente, según Giovanna Carbonell Domínguez, algunos herederos renunciaron a derechos hereditarios y gananciales en favor de otros integrantes de la familia.

Dicho acuerdo, subraya, debía cerrar la disputa sobre los bienes. Sin embargo, el conflicto se reactivó años después con la aparición de un juicio sucesorio testamentario identificado con el expediente 1157/2015, en el que Luis Roberto Carbonell Landa, se presentó como heredero universal de los derechos que correspondían a su madre, Manuela Landa Lagunes.

Con base en ese proceso reclamó el 50 por ciento de los bienes que integraban la sucesión de Manuel Carbonell de la Hoz. La denunciante subraya que el juicio testamentario se basa en una irregularidad. Afirma que el testamento que sustenta esa reclamación fue presentado como otorgado en 2015, pese a que Manuela Landa Lagunes falleció el 21 de diciembre de 2008.

“No es posible que la señora Manuela haya comparecido ante el Notario Público No. 30, a otorgar testamento en el año 2015, cuando que ella falleció el día 21 de diciembre del año 2008, por lo que se dan hechos fraudulentos en contra de la Sucesión Intestamentaria”, resalta.

Larga disputa

A partir de ese procedimiento se promovieron diversas acciones judiciales para reclamar la entrega de bienes. Uno de esos recursos fue un incidente de rendición de cuentas y entrega de gananciales promovido contra Hugo Alfredo Carbonell Landa, quien fungía como albacea del juicio sucesorio intestamentario.

En 2020 una jueza resolvió procedente la entrega de bienes solicitada por Luis Roberto Carbonell Landa, padre de Luhis carfbonell de la Hoz, dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Veracruz. Posteriormente esa resolución fue impugnada y revisada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En 2021 una sala revocó la sentencia inicial y determinó que no procedía la entrega de los bienes en los términos solicitados. Tras esa decisión se promovieron recursos de amparo y revisiones judiciales que derivaron en nuevas resoluciones.

Según la denunciante, en 2023 una nueva determinación judicial ordenó nuevamente la entrega del 50 por ciento de los bienes en disputa. Giovanna Carbonell sostiene que en esa etapa intervino Luis Carbonell de la Hoz para beneficiarse de sus contactos políticos.

Según la denunciante, una de las intervenciones que considera relevantes ocurrió cuando Luis Carbonell de la Hoz acudió, de acuerdo con su versión, a hablar con el magistrado Juan José Rivera Castellanos, integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el contexto de las resoluciones relacionadas con el litigio por los bienes de la sucesión.

Giovanna Carbonell sostiene que ese acercamiento se habría realizado cuando el asunto se encontraba en revisión dentro de una de las salas del Tribunal, y afirma que posteriormente se emitió una resolución que ordenó la entrega del 50 por ciento de los bienes en disputa.

De acuerdo con su testimonio, uno de los familiares presentes escuchó al magistrado decir: “No se preocupe, lo resuelvo la semana que entra”. Posteriormente, sostiene la denunciante, la resolución cambió y se ordenó la entrega de los bienes reclamados.

En el escrito también se señala que tras esas resoluciones judiciales, Luis Roberto Carbonell Landa realizó operaciones mercantiles con parte de los terrenos en disputa. Según la denuncia, el 50 por ciento de los predios denominados Potrero de la Mancha fueron vendidos a una empresa denominada Grupo MJOD, S.A. de C.V.

Acusando anomalías, Giovanna Carbonell dirigió una petición a la Gobernadora de Veracruz para que se revisen las actuaciones judiciales y notariales relacionadas con el caso. Sostiene que la revisión del expediente permitiría determinar si las resoluciones que permitieron la entrega de bienes y las operaciones de compraventa posteriores se apegan o no a derecho.