Familias de desaparecidos toman Fiscalía en Coatza; acusan retroceso en investigaciones

La constante rotación de funcionarios en la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas provocó que integrantes de nueve colectivos de búsqueda tomaran de manera pacífica las instalaciones de la dependencia en Coatzacoalcos.

Los manifestantes colocaron cinta de precaución en el inmueble como medida de protesta, al considerar que los cambios de mandos y elementos de la Policía Ministerial retrasan las investigaciones y afectan los avances obtenidos en las carpetas de sus familiares desaparecidos.

Belén González Medrano, presidenta del colectivo que lleva su nombre, denunció que las familias no reciben información previa sobre los relevos de funcionarios y que, en algunos casos, conocen las modificaciones a través de redes sociales.

Explicó que cada nuevo responsable necesita entre uno y dos meses para conocer los expedientes, lo que representa un retroceso para quienes llevan años en busca de sus seres queridos.

En la zona sur de Veracruz operan nueve colectivos, cada uno con más de 30 familias que mantienen expedientes abiertos.

Otra de las principales inconformidades es la falta de personal ministerial, pues, de acuerdo con los manifestantes, únicamente dos elementos atienden los casos de desaparición en esta región.

Las familias también expresaron su rechazo a los recientes cambios en la estructura de la Fiscalía, entre ellos el nombramiento de Denisse Moreno Córdova como coordinadora del área.

Ante esta situación, solicitaron una audiencia directa con la titular de la Fiscalía General del Estado, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para exigir estabilidad en los equipos de investigación y mayor personal especializado.

Durante la protesta, el fiscal regional Braulio Conde Rivas acudió a dialogar con los inconformes y propuso establecer una mesa de trabajo para atender sus demandas.

El funcionario se comprometió a servir como enlace con la fiscal general y buscar soluciones a las inquietudes de las familias, además de asegurar que la operatividad de la dependencia no resultará afectada.

Los colectivos insistieron en que su principal exigencia es evitar que los cambios administrativos interrumpan las investigaciones y retrasen la localización de sus familiares.