Federación manda dinero a Veracruz para que operen Centros de Conciliación

Para poner en marcha la tercera etapa de implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral, la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad federal transfirió a Veracruz recursos económicos por el orden de los 3 millones 74 mil 75.16 pesos.

Con ello, el Centro de Conciliación Laboral de Veracruz será beneficiario de los recursos otorgados cuando se haya presentado un proyecto para la creación de Centros de Conciliación especializados e imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Una vez que los recursos se depositen, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) se compromete a transferir al Poder Judicial del Estado en la cuenta que apertura.



En el convenio de colaboración el Estado aseguró contar con la capacidad económica presupuestal para que, de ser el caso, aporte recursos que serán destinados a la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, para la creación de los Centros de Conciliación locales, hasta donde las disposiciones administrativas y presupuestales lo permitan.

La reforma en materia laboral estable que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación o de las Entidades Federativas.

Asimismo, dispone que antes de acudir a los Tribunales Laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente, para lo cual, en el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las Entidades Federativas.



Dichos Centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios; contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.