FGE podría estar facilitando a Roly Domínguez evadir la justicia: María Mayela Salazar

Las detenciones de Miguel Isaac “N” y Pedro Damián “N”, vinculadas a una investigación por los presuntos delitos de fraude y fraude procesal, provocaron confrontación durante la audiencia realizada en el juzgado de Pacho Viejo, donde la defensa sostuvo que las acciones de la Fiscalía podrían terminar beneficiando a Roly Domínguez Romero, señalado públicamente como presunto líder del denominado “cártel inmobiliario de Xalapa”.

La abogada defensora, María Mayela Salazar Muñoz, acompañada de 4 litigantes más, sostuvo que la detención de sus representados, lejos de garantizar justicia para las personas que se consideran agraviadas, podría facilitar que Roly Domínguez evite enfrentar a la justicia.

“Estas detenciones, concretamente la de mi representado (Miguel Isaac “N”), le está dando un pase a la impunidad a Roly”, afirmó. La litigante sostuvo que, al conocer que existe una orden de aprehensión en su contra, Roly podría recurrir a un amparo y con ello evitar ser detenido.

Salazar Muñoz cuestionó a la Fiscalía sobre los elementos concretos con los que pretendía sostener que la detención de sus representados se consideraba un avance en la investigación, cuando, desde su perspectiva, quienes deberían ser objeto de las acciones de la autoridad son otros de los señalados dentro del caso.

“Si realmente hubieran querido agarrar a la cabeza del cartel, como todos pretendíamos que se hiciera y aquí voy a hablar por mi representado y por mi, lo hubieran detenido primero a él (Roly Domínguez) y luego a nosotros, porque el licenciado Isaac está disponible 24/7, es facilísimo de encontrar, tal como sucedió; debieron haber agarrado a quien tenían que agarrar y justamente al hacer esta audiencia, le están avisando al licenciado Roly que tiene una orden de aprehensión para que presente un amparo, para a través de ello tire esta carpeta que se va a caer solita en la siguiente audiencia”, manifestó la litigante.

Al respecto, aseveró que la carpeta de investigación por la que fue detenido Miguel Isaac “N” y Pedro Damián “N”, fue creada ex profeso para privarlos de la libertad.

“Es una carpeta de investigación que se integró en 4 días y libran la orden de aprehensión”, criticó.

Incluso se refirió a los afectados y víctimas de despojo que se encontraban presentes.

“Yo voy a ser muy clara, aquí hay muchas personas que son víctimas del cartel inmobiliario y otras que se dicen víctimas para comprar impunidad”, acusó.

Además, aseveró que La Fiscalía tenía conocimiento que Miguel Isaac “N” ya no trabaja con el licenciado Roly, “más o menos por las mismas razones que declaró el testigo”, refirió al hacer alusión a que uno de los testigos y quien dio testimonio de cómo operaba el cártel inmobiliario, desistió de laborar en el despacho cuando se percató que se cometían ilegalidades.

En otro momento, la defensora cuestionó el argumento de la Fiscalía relacionado con la profesión de sus representados y la posibilidad de que, los abogados, hicieran uso de sus contactos o conocimientos suficientes para entorpecer el procedimiento.

Salazar Muñoz llevó ese razonamiento hasta el propio juez, al recordarle que él también es abogado y plantear que, bajo esa lógica, cualquier operador jurídico podría ser considerado potencialmente capaz de alterar un procedimiento.

“Algo que me parece gravísimo, aquí nos pega a todos los abogados, el decir que tiene contactos, ahora ninguno de los abogados puede tener contactos, incluido usted su señoría que también es abogado y el auxiliar de sala”.

En este punto, Mayela Salazar dijo que incluso el propio juez podría ser procesado.

“El día que los procesen esperamos que sea nunca, pero siempre es posible”, expuso al agregar que bajo esa premisa presentada por los fiscales, entonces, por el hecho de ser abogados, cualquiera de ellos puede entorpecer el procedimiento.

La mayoría de los abogados, acotó, están en libertad y no van por el mundo entorpeciendo carpetas.

La defensora planteó incluso, en tono de advertencia, que ojalá nunca ocurriera, pero que ningún abogado estaría exento de encontrarse algún día en una situación procesal en la que ese mismo criterio pudiera utilizarse en su contra.

Su argumento fue que el simple hecho de conocer los procedimientos jurídicos no convierte a una persona en un riesgo para la investigación.

La referencia alcanzó también a los secretarios y demás operadores del sistema de justicia, pues la defensa cuestionó que tener conocimiento de los mecanismos legales o mantener relaciones profesionales pudiera utilizarse como prueba de que una persona tiene capacidad para alterar una investigación.

La litigante advirtió que aceptar ese razonamiento implicaría asumir que los abogados, por su profesión, tienen una capacidad especial para alterar el orden jurídico.

“Si así fuera, entonces el mismo constituyente en el artículo 19 constitucional y el 67 del Código Nacional (…) señalaría que los abogados no podemos gozar de nuestra libertad justamente porque somos capaces de alterar absolutamente todo el orden jurídico. Y no es así”, argumentó.

Pedro Sánchez, abogado de Pedro Atilano “N”, también cuestionó la actuación de la Fiscalía y sostuvo que existió presión mediática alrededor de las denuncias.

De acuerdo con su exposición, se realizaron diversas manifestaciones en las que se lanzaron consignas para exigir respuestas a las denuncias presentadas; sin embargo, afirmó que la autoridad únicamente dio respuesta a una de ellas y que, casualmente, la persona relacionada con ese expediente sería trabajadora del Poder Judicial.

El abogado cuestionó que, a partir de esa circunstancia, se hubiera solicitado y obtenido una orden de aprehensión contra sus representados sin que, según afirmó, mediara una citación previa.

Sánchez también se pronunció en contra de la prisión preventiva justificada y pidió al juez aplicar una medida cautelar menos lesiva, al considerar que los delitos atribuidos a sus representados no son de aquellos que, por sí mismos, ameriten la privación de la libertad.

“Esta defensa apela a su profesionalismo e inclusive a su buen corazón, a efecto de que deba imponer una medida cautelar no privativa de libertad”, expresó.

La defensa sostuvo que la Fiscalía tenía la obligación de demostrar de manera concreta los riesgos procesales que justificarían mantener a los acusados privados de su libertad.

Mientras tanto, la representación de la Fiscalía rechazó el señalamiento de que la detención estuviera generando impunidad para Roly Domínguez y cuestionó a la defensa sobre los elementos que le permitían afirmar que éste no sería detenido.

Aunque la abogada Mayela Puso a disposición su teléfono celular, para según comprobar que había conversaciones que demostraban que Miguel Isaac “N” estaba “a un WhatsApp de distancia de la fiscalía”, el juez le recordó que como tal no se considera un dato de prueba.

A pesar de la insistencia de la defensa y luego de más de 2 horas de audiencia, a ambos detenido se les dictó prisión preventiva justificada por un año y la audiencia continuará su curso el día lunes a las 8:30 de la mañana.