FGE solicitó vinculación a proceso contra Bermúdez por tráfico de influencias y abuso de poder

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la vinculación a proceso por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad, en contra del exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, cuyos alegatos finales están siendo desahogados en el Juzgado Segundo Penal Oral del Poder Judicial del Estado, en Pancho Viejo.

Al mismo tiempo, la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso de otro de los inculpados y señalando como probable responsable de los mismos delitos que se le imputan al exfuncionario, Roberto Esquivel, quien fuera proveedor de la citada dependencia, a la que la parte acusadora señala de haber realizado contratos para la prestación de servicios de alimentación, víveres y desechables, de manera irregular. Se le señala como apoderado legal y socio del extitular de la SSP.

Y en tercer término también este día se celebra audiencia por su probable participación en los mismos delitos, Alejandro Contreras Uscanga, quien fungía como jefe de la Unidad Administrativa de la SSP y quien habría autorizado, de acuerdo a la FGE, la celebración de los contratos de manera irregular y a sabiendas de la relación existente entre Roberto Esquivel Hernández y Arturo Bermúdez.



Durante la audiencia que inició a las 8:30 horas, la defensa de Bermúdez Zurita entregó como pruebas Gacetas oficiales correspondientes a los años 2011 al 2014 en las que refiere que en ninguna de ellas se observó daño patrimonial.

De acuerdo a la FGE, es sabido que no existe vínculo de parentesco, pero sí una relación de negocios, a través de empresas como Grupo Profesional de Resguardo SA de CV, Grupo Profesional de Alarmas SA de CV, ASEVER y otra más, mediante las cuales Bermúdez Zurita autorizó contrato para el año 2016.

Se señaló que las empresas cuyo apoderado legal es Roberto Esquivel han cobrado una suma de 71 millones 747 mil 852 pesos, pero existe un último contrato por el que el Gobierno del Estado adeuda una suma de 15 millones 521 mil pesos.



Al respecto, en primer término la defensa de Arturo Bermúdez señaló a la jueza Estrella Alhelí Iglesias Gutiérrez que la FGE se limitó a señalar los contratos realizados con la empresa en controversia, aunque aclaró que en algunos casos se licitaron a 12 empresas.

Aunque también señaló que de acuerdo a reglamentos, la SSP puede hacer adjudicaciones directas a empresas, especialmente en el caso de que el bien o servicio sean productos perecederos, lo que sucede en este caso.

Es decir, argumenta que tanto Arturo Bermúdez como Alejandro Contreras cumplieron con la reglamentación para llevar a cabo un contrato de adjudicación directa.



La defensora argumenta que la FGE no cuenta con elementos para acreditar el beneficio propio al no exponer datos reales.

En el alegato salieron a relucir entrevistas hechas a personal de la SSP, específicamente a funcionarios de adquisiciones y recursos materiales, en las cuales los mencionados niegan rotundamente haber recibido la orden de Bermúdez Zurita de realizar tales contratos.

La jueza declaró un receso, tras del cual se espera que se defina si causa efecto la vinculación a proceso de los imputados.