FGR expide su Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Personas LGBTTTI

Con la finalidad de contribuir a erradicar todas las formas de discriminación y violencia, incluidas aquellas basadas en la orientación sexual o la identidad de género, la Fiscalía General de la República (FGR) expidió el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra Personas LGBTTTI.

El objetivo es garantizar el acceso integral a la justicia para la comunidad de la diversidad sexual, respetando su dignidad y promoviendo su derecho a vivir libres de violencia y prejuicios. El protocolo no sólo pretende esclarecer los hechos y garantizar que las personas responsables enfrenten la justicia, sino también asegurar que se respeten plenamente los derechos de las víctimas a lo largo del proceso.

El respeto a la dignidad implica garantizar que las víctimas y personas ofendidas de la población LGBTTTI sean tratadas con sensibilidad y empatía durante todas las etapas de la investigación. Esto incluye evitar cualquier acto, comentario o actitud que minimice, niegue o desacredite su identidad, experiencias o derechos. Las y los operadores de justicia deben actuar con profesionalismo, absteniéndose de reproducir prejuicios o estigmas que perpetúen la discriminación o revictimización.

Se busca incorporar procedimientos que promuevan una adecuada reparación del daño y refuercen el compromiso del Estado con la igualdad y la justicia. El Protocolo de Investigación se enfoca en garantizar que las acciones relacionadas con la persecución de los delitos cumplan con los más altos estándares de debida diligencia, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.

Se trata de un esfuerzo integral por transformar las prácticas institucionales hacia una procuración de justicia más equitativa, efectiva y sensible a la diversidad. Este esfuerzo no sólo responde a una deuda histórica con las poblaciones más vulnerables, sino que también contribuye a consolidar un sistema de justicia incluyente y transformador, capaz de sentar las bases para una sociedad más igualitaria, en la que la diversidad sea valorada como un elemento esencial del desarrollo humano y social.

El enfoque de no discriminación implica considerar la realidad particular que viven las personas por virtud de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales; esto es, detectar, visibilizar y eliminar aquellas desigualdades que vulneran derechos de personas. Se garantiza el principio de no victimización secundaria para que las víctimas y personas ofendidas no sean sometidas a experiencias adicionales de sufrimiento, humillación o discriminación durante su interacción con las autoridades, los sistemas de justicia y los procedimientos penales. Este principio es particularmente relevante en el caso de la población LGBTTTI, quienes enfrentan una mayor probabilidad de revictimización debido a prejuicios sociales y estigmas que pueden ser replicados por las instancias encargadas de procurar justicia.

La FGR considera que la incorporación del enfoque de género en la investigación de delitos contra la población LGBTTTI+ es indispensable para eliminar los prejuicios y estereotipos que perpetúan la desigualdad y la violencia.

Aplicar esta perspectiva implica reconocer cómo las estructuras sociales y culturales condicionan las experiencias de las víctimas y personas ofendidas, influyendo en su acceso a la justicia y en su disposición a denunciar. Por ejemplo, una persona transgénero puede enfrentar dificultades adicionales al interactuar con las autoridades debido a la persistencia de estigmas de género, lo que puede derivar en tratos discriminatorios o en la revictimización dentro del sistema de procuración de justicia.

En este sentido, el personal de las instancias de procuración de justicia debe garantizar que la investigación de los delitos en los que las víctimas sean personas LGBTTTI se realice con un enfoque libre de discriminación, asegurando un trato digno y respetuoso. Esto incluye reconocer y utilizar el nombre identificador de la persona, superar barreras administrativas que dificultan su acceso a servicios de atención y adoptar medidas específicas para evitar prácticas que refuercen la exclusión o el estigma. Asimismo, es fundamental generar condiciones que favorezcan la confianza en las instituciones, de modo que las víctimas puedan denunciar sin temor a ser cuestionadas, minimizadas o revictimizadas.