La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos detalles de una investigación contra una presunta estructura dedicada al denominado “huachicol fiscal”, en la que habrían participado empresarios, agentes aduanales y servidores públicos vinculados con operaciones marítimas y de la Secretaría de Marina.
En un mensaje difundido este lunes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, señaló que la investigación tuvo su origen en 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, presentó ante la Fiscalía elementos sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.
Godoy afirmó que las indagatorias permitieron posteriormente asegurar 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
La fiscal sostuvo que ese aseguramiento no representó el final de la investigación, sino que permitió ampliar las pesquisas sobre una estructura que, según la FGR, contaba con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos presuntamente ingresados ilegalmente al país.
Señalan operación desde aduanas
De acuerdo con la versión presentada por Godoy, Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados por la Fiscalía como figuras relevantes de la estructura investigada, habrían contado con cómplices que intervenían en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
La fiscal afirmó que Manuel Roberto “N” habría gestionado directamente algunos de esos movimientos. Como parte de un cateo realizado en una bodega que presuntamente arrendaba uno de los investigados en la Ciudad de México, la FGR aseguró objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, documentación clasificada como reservada y confidencial, además de armas que, según la Fiscalía, no contaban con el registro correspondiente.
Godoy señaló que esos elementos forman parte de los datos de prueba que actualmente son valorados por el Poder Judicial.
Así habría operado la red
Según la reconstrucción expuesta por la fiscal, buques procedentes principalmente de Texas transportaban hidrocarburos que eran declarados como aceite o aditivo, con el propósito de recibir un tratamiento fiscal distinto.
La FGR sostiene que servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos para permitir el ingreso de los cargamentos.
Las inspecciones, de acuerdo con la Fiscalía, podían consistir en revisiones superficiales, aprobación de volúmenes presuntamente manipulados o mecanismos para liberar el combustible sin una revisión completa.
Godoy también señaló que la investigación detectó presuntas maniobras para establecer horarios de arribo y desactivar cámaras con el objetivo de impedir el registro de las descargas.
Una vez que el combustible llegaba a tierra, habría sido distribuido mediante empresas constituidas legalmente, mientras que otras compañías presuntamente utilizadas como fachada y operaciones financieras habrían servido para dar apariencia lícita a los recursos obtenidos de su comercialización.
La fiscal resumió el esquema investigado como una cadena que habría incluido buques, registros presuntamente manipulados, personal aduanal presuntamente coludido, revisiones simuladas y operaciones destinadas a ocultar el origen del dinero.
Investigación alcanza cinco estados
La FGR informó que las investigaciones han identificado operaciones presuntamente relacionadas con esta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
La Fiscalía indicó que continúa siguiendo el rastro de accionistas, apoderados legales y otros enlaces que habrían participado en distintas etapas de la cadena. El caso tiene como antecedente el aseguramiento de un buque con millones de litros de hidrocarburo en Altamira. Al Calor Político ha dado seguimiento a la investigación y reportó que el excontralmirante Fernando “N” fue trasladado desde Argentina a México para enfrentar la orden de aprehensión en su contra.
Posteriormente, el 27 de agosto, una jueza de control vinculó a proceso a Fernando “N” por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La vinculación a proceso no constituye una sentencia ni determina culpabilidad.
La FGR también ha informado que las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal continúan en otras líneas. El 26 de agosto reportó el cateo de dos bodegas en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fueron asegurados documentos que, según la Fiscalía, podrían acreditar mecanismos de simulación relacionados con otra estructura investigada.
Godoy: responsabilidad individual
Durante su mensaje, Godoy enfatizó que la existencia de servidores públicos presuntamente involucrados no significa que una institución completa esté corrompida. La fiscal sostuvo que la responsabilidad penal debe ser individual y afirmó que quienes hayan utilizado un uniforme, un cargo público o una posición dentro de una aduana para favorecer actividades criminales deberán responder ante la justicia.
También destacó que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones y reiteró que continuará con las indagatorias y que informará sobre sus avances conforme avance el proceso.