FGR y AMLO plantean nuevo cambio drástico a sistema de justicia del país

Ante el “99 por ciento de impunidad” en el país y el fracaso en la procuración de justicia, el titular de la Fiscalía General de la República plantea cambiar nuevamente el sistema penal del país durante el actual gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador

Luego de que trascendió que este miércoles sería presentado por Alejandro Gertz Manero el paquete de reformas al sistema de justicia penal mexicano, la más grande en su tipo desde la efectuada en el 2008, que dio lugar al sistema vigente, finalmente la presentación se pospuso hasta el 1 de febrero.

Sin embargo, algunas horas previas empezaron a circular los documentos de dichas iniciativas, que buscan sustancialmente reformar la ley para la creación de un Código Penal Nacional, un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, así como modificaciones a la Ley de Amparo, a la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) e igualmente crear la Ley de Cultura y Justicia Cívica y la Ley para menores.



Gertz Manero sólo anunció “una visión completa” de la propuesta de reformas y planteó ante el Senado que la falta de justicia se sustenta en tres factores fundamentales: una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad.

“En esas condiciones estas tres condiciones son las que nos mueven a resolver global y coordinadamente una situación de esta naturaleza”, añadió el Fiscal General.

Al evento agendado por la JUCOPO, además de Gertz Manero acudió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, y otros funcionarios.




Cambios al sistema penal

Cabe señalar que, entre otras cosas, los documentos que fueron circulados y que dieron lugar a diversas críticas a la administración pública actual, establecen que se elimina el concepto de juez de control y Tribunal de Enjuiciamiento, regresando a lo estipulado en el viejo sistema, es decir, que solamente un juez conocerá de todo el proceso desde la investigación hasta la sentencia en juicio.



Se agregan los principios de fundamentación y motivación, imparcialidad e independencia judicial y se elimina la prohibición de intervenir comunicaciones en casos específicos.

Igualmente, se agregan en la facultad de atracción a nivel federal los delitos de tortura, desaparición forzada, trata de personas y secuestro.

Las reformas planteadas, agregan el concepto de declaración de preferencia para aquellos detenidos reclamados por autoridades de dos o más estados y se inserta el concepto de reposición de constancias.



Cuando existe pluralidad en defensores, asesores jurídicos y ministerios públicos, se limita el uso de la voz a uno por cada intervención de la parte que representan.

Las reformas colocan a la Guardia Nacional como institución independiente de las Policías, cuando también es una institución de seguridad pública civil; para el caso de estos elementos, así como de policías y fuerzas armadas, se establecerán cárceles especiales para quienes cometan un delito.

A la víctima se le elimina el derecho de realizar por sí actos de investigación, actualmente vigente; se le limita el derecho de interponer recursos y se establece el derecho a que la víctima sea representada por el Ministerio Público cuando falte el asesor jurídico.



Se reconoce la posibilidad de que el imputado declare ante el Ministerio Público en presencia de su defensor, indicando que cuando decidan ejercer ese derecho ya no podrán mentir para defenderse, es decir cambiar su declaración.

Se otorga el derecho a que el defensor pida el apoyo jurisdiccional para entrevistar personas y se establece que todos los actos de investigación que realice la policía deberán ser autorizados por el Ministerio Público.

Asimismo, se establece que el Juez puede otorgar la libertad cuando no es prisión preventiva oficiosa, siempre que imponga medidas de protección, cuando el delito tenga pena de prisión que no exceda de tres años el término medio aritmético y garantice la reparación del daño, tenga trabajo, domicilio fijo; es decir, se regresa a la libertad bajo caución.



En caso urgente permiten que la persona esta retenida ante el Ministerio Público por 48 horas, en otras palabras, la figura del arraigo.

Se establece el derecho de la Fiscalía de no pedir la prisión preventiva oficiosa y el procedimiento abreviado lo limitan a delitos cuya pena media aritmética no rebase los cinco años y que no amerite prisión preventiva oficiosa. También se elimina investigación inicial y complementaria, así como la etapa intermedia.

Se inserta la presunción de responsabilidad: cuando el imputado se niega a ser examinados por peritos, se presume ciertos los hechos imputados, lo que va en contra de lo establecido actualmente en la Ley.



De igual forma, se establece como acto de investigación la reconstrucción de hechos y se crea como acto de investigación la entrega vigilada y operaciones encubiertas, para cualquier delito.

Cabe recordar que de acuerdo a los lineamientos que actualmente rigen al sistema penal mexicano, sería hasta el 2024 que el nuevo modelo de justicia estaría fortalecido y siendo aplicado en todo el país, lo que podría ya no ocurrir.

Argumentos de Gertz Manero



El titular de la Fiscalía General de la República señaló que si no se presenta un proyecto completo que vea y analice con claridad donde comienza el fenómeno delictivo, volverá a pasar lo mismo que en el actual.

“Iniciamos nuestro proyecto con la Ley de Justicia Cívica, para ir de ahí al Código Penal, después el procedimiento para poder aplicar el derecho positivo y después como vamos a manejar las sanciones”.

Subrayó que se debe de priorizar la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables.



“De los 33 millones de delitos que se producen al año el 90% están en contra de las gentes más desprotegidas del país, y de ellos el 90% son temas de carácter económico que no pasan de 10 mil pesos. El Estado tiene que hacerse cargo porque esa es su función primaria, de reparar el daño cuando no lo repara el causante”.

Agregó que también se debe de promover el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos.

“Las multas se vuelven una especie de subasta, de que yo pago una multa pero no me comprometo con lo que hice. El trabajo comunitario significa entender el daño que se le causa a la comunidad y cómo se tiene que reparar, con una conducta personal que le dé tanto a la víctima como a la propia comunidad la reparación que necesita.



“Y establecer la diferencia toral entre los primodelincuentes que todavía son rescatables frente a los habituales y reincidentes, que deben de ser sometidos a sanciones penales eficaces”, detalló.

El Fiscal añadió que es en la primera instancia en donde realmente se debe de contener al delito, pues no hay una sanción que prevenga y otra que identifique al que está ya delinquiendo en forma habitual para que pase de una justicia cívica a una justicia penal.

“Porque si no, nos pasa que los que se roban a un país pueden andar en la calle y los que se roban 20 pesos tienen que pasar el resto de su vida en la cárcel. Eso es verdaderamente lo más perverso que puede ocurrir. Estas son las bases fundamentales de la ley de justicia cívica”.



En cuanto al Código Penal Nacional, que debe de homologar todos los delitos, consideró que su tipicidad y agravantes en una sola Ley que genere certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país.

“No podemos tener 32 códigos porque al final de cuentas si no hay una homologación de defensa social no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas. Eso tiene una lógica elemental, y en ese sentido también es muy importante que este Código, y así lo estamos empezando a plantear, permita a las entidades federativas establecer delitos específicos considerando sus raíces culturales y sus características regionales”.

Reconoció que uno de los grandes obstáculos de un Código Único es que hay ciertos delitos que son específicos de una cultura o de una región, de ahí que se debe de dar la oportunidad de que esa defensa jurídica se pueda dar de conformidad con esas áreas culturales y con esas tradiciones”.



“Que establezca con toda precisión la competencia local y la federal en razón de la defensa de los derechos individuales por un lado y por el otro los derechos inalienables de la nación”.

“Ese juego perverso de que el que no cumple, que el otro sea el que se responsabilice y que los delitos locales los atraiga la Federación porque el Estado o municipio no cumplen, eso no nos ha dado el menor resultado porque ni unos tienen la capacidad para poder resolver”, destacó el fiscal.

Ejemplificó con el delito de feminicidio, el cual en su opinión es más difícil para los litigantes en defensa de las víctimas consignar y judicializar este ilícito que un homicidio con agravantes.



“Entonces, se hizo una ley supuestamente para proteger a un sector que está desprotegido y resulta que es más complicado defenderlo, cuando lo único que se tiene que establecer con toda claridad es que el caso de estas personas en esa situación el agravante sea el que mande para poder castigarlos en razón del daño que han causado. Una cosa de sentido común y de lógica que parece que no se había podido nunca resolver.

“Corresponsabilizar a las autoridades federales y de las entidades federativas de una manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada que es el flagelo que más daña profundamente a la sociedad”.

En cuanto al Código de Procedimientos penales se hizo un Código Único “que era un poco contradictorio, para manejar treinta y tantos códigos individuales”, de ahí que no funciona y tiene que ser armónico.



“Lo han tenido que confesar, lo han tenido que reconocer, y aquí hay funcionarios que lo han dicho con mucha claridad, que se creó lo que se llama una puerta giratoria. Y entonces por un lado entraban y por ese mismo salían, se multiplicó el número de delincuentes, algunas cárceles redujeron su número de personas en ellas, pero multiplicaron su daño a la sociedad. Es decir, el sistema, en lugar de mejorar se complicó.

“Tenemos también, y eso hay que conservarlo, la oralidad, la transparencia y realmente tener una compactación. Resulta que ahora tenemos un Ministerio Público y luego tenemos como cuatro jueces distintos que nos van manejando los asuntos en forma secuencial. Lo que tenemos que hacer es fortalecer a los jueces, no generar una distorsión y una multiplicación del número de juzgadores porque finalmente eso, lo estamos viendo también, nos ha dado resultados que ustedes conocen”.

Otro aspecto que consideró fundamental es el debido proceso, que la prescripción debe de defender a la víctima, no al victimario y el monopolio de la acción penal solamente para la defensa de los intereses de la nación y del Estado.



En cuanto a la Ley Nacional de Ejecución Penal dijo que no hay lógica en el sistema de readaptación social, pues todos los primodelincuentes deben tener cárceles abiertas, para no convertirlos en alumnos de las escuelas del crimen.

“Cárceles abiertas bajo control, pero cárceles abiertas. Todos los reincidentes tienen que ir a la cárcel, y las cárceles tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de autocapacidad para que realmente ahí se preparen.

“Uno no puede obligar a alguien a que trabaje, pero el Juez sí puede decir: pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera readaptarse. Y luego todos los delincuentes peligrosos totalmente aislados de todo el resto de los primodelincuentes, de los habituales, porque esa combinación, de ahí están saliendo las extorsiones telefónicas, lo que ustedes ya saben”.



Finalmente respecto a la justicia para adolescentes añadió que está creciendo el número de niños y adolescentes dedicados al delito.

“Tenemos que hacer algo para detenerlo y tiene que haber una visión muy clara para ellos, para sus padres y para el Estado, de que aquel que entiende, se le sanciona, y aquel que tiene la patria potestad, la guardia y custodia tiene responsabilidades y también el Estado tiene que reparar el daño y cuando se sentencia sea por la cantidad de años consecuentes a la comisión de ese delito. No es que yo ya cumplí 17 y ya me voy. Tú tienes consciencia, tú tienes responsabilidad”.