Firmas del juez Leopoldo Toss lo involucrarían en el “cártel inmobiliario”

Aunque en publicaciones en redes sociales negó la firma de desalojos vinculados al llamado “cártel inmobiliario”, documentos oficiales del Poder Judicial del Estado de Veracruz acreditan que el juez Leopoldo Toss Capistrán, en su carácter de titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, sí dictó y firmó resoluciones que ordenaron la desocupación forzosa de inmuebles, incluso bajo apercibimiento de uso de la fuerza pública y la imposición de multas económicas.

En el expediente 765/2023/VIII, correspondiente a un juicio ordinario civil por cumplimiento de contrato, consta una sentencia emitida y firmada por el propio juez Toss Capistrán, en la que se declara procedente la acción promovida por quien se ostentó como propietario del inmueble, dentro de un caso que ha sido vinculado a la red de despojos inmobiliarios denunciada en Xalapa.

En el resolutivo segundo de dicha sentencia se ordena de manera expresa la desocupación y entrega material del inmueble, otorgando un plazo de 5 días para su cumplimiento, con el apercibimiento de que, en caso de desacato, el propio Juzgado firmaría la escritura pública en rebeldía.

De acuerdo con los testimonios y documentos en poder de los afectados, los propietarios originales contaban con escrituras y documentación en regla, y no fueron notificados de la existencia del juicio, enterándose del proceso únicamente el día en que se pretendió ejecutar el desalojo.

Posteriormente, en autos fechados entre junio y octubre de 2024, así como en julio de 2025, el mismo juez Leopoldo Toss Capistrán ordenó de manera reiterada requerir personalmente al demandado para que procediera a la desocupación del inmueble, señalando domicilios específicos para su localización y advirtiendo expresamente que, de persistir el incumplimiento, se haría uso del auxilio de la fuerza pública para ejecutar el lanzamiento.

Dichas actuaciones no fueron entregadas oportunamente; sin embargo, fueron utilizadas por los representantes legales del promovente para justificar que actuaban por mandato judicial y dentro del marco de la Ley.

En uno de los acuerdos más recientes, el Juzgado giró oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado para coordinar la diligencia de lanzamiento, comisionando a actuarios judiciales y notificadores para llevar a cabo la orden, lo que contradice de manera directa la versión pública del Juez, quien ha sostenido que no firmó desalojos a favor de intereses inmobiliarios.

Estos documentos también desmienten lo señalado por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien en conferencia de prensa afirmó que “hay desinformación” relacionada con órdenes de desalojo firmadas por el juez Leopoldo Toss Capistrán y que él ya denunció y que está abierto para que lo señalen y le demuestren los actos que “supuestamente dicen”. Incluso, defendió señalando que las órdenes vienen de otro tribunal, “que le presenten pruebas para que no difamen”, expuso durante su conferencia del pasado viernes.

Todos los autos, acuerdos, certificaciones y notificaciones que integran el expediente están debidamente firmados por el juez Leopoldo Toss Capistrán y por el secretario de acuerdos Jerónimo Córdoba del Valle y cuentan con sellos y fechas oficiales del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Este caso se suma a una serie de señalamientos que mantienen bajo escrutinio la actuación de juzgados civiles, notarías, el Registro Público de la Propiedad y áreas catastrales en Xalapa, en el contexto de presuntas redes de despojo inmobiliario que operan mediante juicios civiles, sentencias ejecutorias y desalojos forzados.

Mientras el Juez ha intentado divulgar que no ordena desalojos ligados al cártel inmobiliario, los documentos judiciales firmados por él mismo muestran resoluciones firmes, plazos perentorios, multas, requerimientos reiterados y la advertencia expresa del uso de la fuerza pública para ejecutar la entrega de inmuebles, diligencias que se han llevado a cabo y que han dejado a familias veracruzanas sin sus propiedades.

Hasta el momento, aunque la gobernadora Rocío Nahle García ha reiterado que se investiga a fondo al cártel inmobiliario “caiga quien caiga” y que no se solapará a nadie, pese a la existencia de resoluciones judiciales firmadas, así como señalamientos contra notarios, funcionarios del Registro Público como Aideé Tovar Vadillo, y autoridades involucradas, no se ha informado hasta ahora sobre personas sancionadas o responsables procesados por estos hechos.