A 45 días de haber asumido el cargo, la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, afirmó que su administración cambiará la práctica de rechazar recomendaciones en materia de derechos humanos y reportó que ya aceptó 3 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal (CEDH).
“Tengo un firme compromiso con los derechos humanos y el estado constitucional de derecho, es por ello que desde el momento de mi llegada a la institución me encuentro atendiendo y revisando los términos de las diversas recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por el organismo local. Aceptando en este breve periodo las recomendaciones 143/2025, 142/2025 y 79/2025”, expuso en el texto inicial de su comparecencia ante el Congreso, al informar sobre lo realizado por la institución durante el ejercicio 2025.
En su mensaje, la titular de la Fiscalía sostuvo que la aceptación de esos pronunciamientos busca “garantizar a las víctimas justicia y reparación del daño”.
Plan de trabajo
La Fiscal presentó un programa de trabajo con 3 ejes: modernización institucional, optimización de la operatividad y coordinación interinstitucional. Dentro de las acciones anunciadas, se refirió a la firma de un convenio marco con el Poder Judicial del Estado y la puesta en marcha de una ventanilla única virtual para solicitar órdenes de cateo y diligencias sujetas a control judicial.
También reportó la emisión del acuerdo 1/2026 para facilitar la entrega de cuerpos identificados para inhumación y liberar espacios en los servicios médicos forenses. Añadió que atendió a representantes de 53 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y que se crearon oficinas especializadas para recibir denuncias en Martínez de la Torre, Huatusco y San Andrés Tuxtla.
En materia de búsqueda, informó la ampliación de la plantilla de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, con 7 fiscales y 5 policías ministeriales certificados, así como el incremento del parque vehicular. Señaló además un plan para mejorar las condiciones de oficinas en Tuxpan y Orizaba. La Fiscal aseguró que, con recorridos en las 7 fiscalías regionales, realizó cambios de adscripción en áreas estratégicas. En resultados operativos, señaló un plan para optimizar la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes, con 95 mandamientos cumplimentados por homicidio doloso desde su llegada.
Sobre cateos, sostuvo que se gestionaron y ejecutaron 140 órdenes de las que derivaron 90 detenciones, el aseguramiento de mil 732 indicios, además de 74 vinculaciones a proceso. Agregó que se cumplimentaron 264 órdenes de aprehensión por diversos delitos, con 489 vinculaciones y 225 sentencias condenatorias.
En el apartado de digitalización, anunció la planeación del proyecto “Carpeta de Investigación Digital”, con el que las denuncias podrían presentarse en línea y dar seguimiento a la integración de la carpeta, además de clasificar asuntos de acuerdo con el impacto social. Señaló que el proyecto implicaría 6 meses de diagnóstico y 6 meses más de proyección. A la par, indicó el desarrollo de una plataforma para expedir constancias de extravío sin acudir físicamente a instalaciones, con una prueba piloto prevista a efectuarse en febrero.
En cobertura territorial, refirió trabajos para crear Subunidades Integrales de Procuración de Justicia en Emiliano Zapata y una subunidad en Lerdo de Tejada para atender congregaciones de Saltabarranca y Ángel R. Cabada, con el argumento de reducir traslados hacia San Andrés Tuxtla. En temas de agenda social, informó una reunión con 27 representantes de colectivos de la comunidad LGBTQ+ para establecer una agenda sobre investigaciones de crímenes de odio. Añadió su participación en 30 sesiones de la Mesa de Coordinación Estatal de Paz y Seguridad.
En coordinación financiera, reportó un convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación para acceder a su base de datos mediante la Unidad de Análisis de la Información, con el objetivo de obtener información sin requerimientos por oficio. También mencionó una alianza con la Unidad de Inteligencia Patrimonial creada en esa dependencia. En infraestructura forense, refirió gestiones para ampliar un espacio de preservación de cuerpos en la zona norte, con cámara de conservación, estación de necropsia y áreas para exhumación, además de planta de tratamiento y un sistema de limpieza de aire, con implementación prevista para el primer semestre del año.
También señaló una conciliación contable para delimitar bienes muebles e inmuebles de la Fiscalía, tras problemas de delimitación desde la construcción de centros integrales de justicia en 2015. La Fiscal indicó acciones para mejorar oficinas regionales en Coatzacoalcos y Veracruz, y un esquema de atención a requerimientos materiales de las áreas de la institución. Asimismo, dijo que estableció líneas de trabajo con Tránsito y Transporte por casos de taxis clonados y corralones clandestinos.
En el balance del ejercicio 2025, reportó que el área de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias atendió a 23 mil 694 personas y concertó 10 mil 33 acuerdos reparatorios. Las 7 fiscalías regionales informaron de 75 mil 556 carpetas de investigación iniciadas, 15 mil 892 judicializadas, 4 mil 946 vinculaciones y 2 mil 380 sentencias condenatorias. La Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres reportó 98 mil 449 usuarias atendidas; 18 mil 443 carpetas iniciadas por violencia familiar, sexual y otros delitos; y 48 carpetas judicializadas por feminicidio, con 30 sentencias condenatorias. En Alerta Amber Veracruz se emitieron 259 alertas y se desactivaron 200.
En asuntos indígenas, se radicaron 619 expedientes y se realizaron 559 visitas a municipios y comunidades; además de 27 mil 141 asistencias jurídicas. La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión reportó atención a 3 mil 232 personas, la liberación de 30 víctimas de secuestro y 53 sentencias condenatorias contra 128 personas; además de 95 detenciones por secuestro. En extorsión, reportó 47 casos de extorsión directa, 11 órdenes de aprehensión contra 26 probables responsables y la inhabilitación de 4 mil 756 líneas telefónicas. La Dirección de la Policía Ministerial informó de 3 mil 435 mandamientos de captura ejecutados y 60 mil 588 informes policiales integrados a carpetas. Servicios Periciales reportó 111 mil 120 dictámenes e informes, y la identificación de 150 personas de identidad desconocida, de un total de 690 analizadas.
Finalmente, el Instituto de Formación Profesional señaló que se capacitó a 14 mil 135 servidoras y servidores públicos; el Centro de Evaluación y Control de Confianza evaluó a 2 mil 318 personas y otorgó 713 Certificados Únicos Policiales; la Unidad de Género capacitó a mil 872 personas y la Visitaduría General realizó 356 visitas de control administrativo.