Fiscalía de Veracruz llegó a culpar a madre por desaparición de su hijo: CEDH

La Fiscalía General del Estado (FGE) intentó involucrar a la madre de un joven desaparecido en los hechos que denunciaba, mientras la investigación permanecía sin avances durante años, concluyó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al emitir la Recomendación 79/2025, aceptada por la actual administración del organismo.

En el pronunciamiento, la Comisión determinó que la actuación ministerial generó victimización secundaria contra los familiares del desaparecido, identificado como V4, y que la omisión en la investigación “no fue aislada ni momentánea, sino continua”, desde que la autoridad tuvo conocimiento del caso y hasta la fecha, sin esclarecimiento de los hechos ni identificación de responsables.

El expediente revisado señala que la investigación ministerial se inició el primero de septiembre de 2014, a partir de la denuncia presentada por la madre. En un periodo de 129 meses analizados, la Comisión documentó 67 meses de inactividad, equivalentes a 52 por ciento del tiempo total, sin avances sustanciales en la indagatoria.



Culparon a la familia

De acuerdo con la Recomendación, en lugar de que la Fiscalía impulsara de oficio la búsqueda y la investigación, la carga de promover diligencias recayó en los familiares, pese a que en casos de desaparición la actuación debe ser inmediata y con sentido de urgencia. El documento advierte que la investigación se fragmentó, con lapsos prolongados sin acciones de búsqueda.

La queja que dio origen al pronunciamiento fue presentada en julio de 2018. En ella, la madre del desaparecido denunció retrasos en diligencias básicas y errores en la obtención de información telefónica. Señaló que la Fiscalía solicitó la sábana de llamadas de una línea distinta y que la correspondiente a su hijo fue requerida tres años después de la desaparición. La Comisión corroboró que el número telefónico del desaparecido fue proporcionado a la autoridad en octubre de 2014, pero la primera solicitud formal de datos se realizó hasta diciembre de 2016, es decir, 26 meses después. Subrayó que el requerimiento se hizo fuera del plazo ordinario de conservación de datos, estimado en 24 meses, lo que implicó la pérdida de información relevante para la investigación.



El documento también consignó episodios de trato que la Comisión calificó como revictimizantes. Entre ellos, la madre relató que un servidor público le insinuó que ella sabía o había participado en la desaparición de su hijo. Además, denunció exigencias de dinero para supuestas diligencias, como gastos de gasolina, sin que ello se tradujera en avances en la carpeta de investigación. Ante la falta de resultados, la familia se integró a un colectivo y participó en búsquedas en distintos puntos, mientras insistía ante la autoridad ministerial en la necesidad de reactivar la investigación. La CEDHV consideró que estas circunstancias agravaron el daño al trasladar a los familiares responsabilidades que corresponden al Estado.

Con base en su análisis, la Comisión instruyó a la Fiscalía a agotar las líneas de investigación razonables para esclarecer la desaparición, conforme a los protocolos vigentes y en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda. También ordenó evitar cualquier acción u omisión que implique victimización secundaria contra los familiares. La Recomendación 79/2025 incluyó medidas de reparación integral, entre ellas el pago de una compensación a las víctimas indirectas, la vista al Órgano Interno de Control para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos involucrados y la capacitación del personal que intervino en la investigación, con énfasis en análisis de contexto y uso de prueba circunstancial, indiciaria y presuntiva.

El pronunciamiento fue emitido el primero de diciembre de 2025 y figura como aceptado por la Fiscalía General del Estado en el registro público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. De acuerdo con lo informado por la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se trata de una de las tres recomendaciones que su administración decidió acatar al inicio de su gestión, en contraste con periodos anteriores en los que estos pronunciamientos eran rechazados.