Tras un año en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) acumuló recomendaciones por violaciones a derechos humanos, la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH), Minerva Regina Pérez López, con el acuerdo de dar seguimiento a quejas en esta materia.
La CEDHV informó que el encuentro buscó “mantener una coordinación permanente y una comunicación institucional efectiva” entre ambas instancias, y que el seguimiento se enfocará en las quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos “en el ámbito de sus respectivas competencias”.
De acuerdo con las titulares, el diálogo se centró en que “lo más importante es respetar la dignidad humana, salvaguardando los derechos de todas las víctimas”, y en que trabajarán “de manera institucional” para obtener resultados desde sus atribuciones.
Prometieron cambios
El acercamiento ocurre después de que, en su comparecencia, Jiménez Aguirre aseguró que su administración cambiará la práctica de rechazar recomendaciones en materia de derechos humanos, una dinámica que, dijo, caracterizó al periodo de su antecesora, Verónica Hernández Giadáns. “Tengo un firme compromiso con los Derechos Humanos y el Estado constitucional de derecho, es por ello que desde el momento de mi llegada a la institución me encuentro atendiendo y revisando los términos de las diversas recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por el organismo local”, expuso en el texto inicial de su comparecencia ante el Congreso, al informar sobre lo realizado por la institución durante el ejercicio 2025.
En ese mismo mensaje, la titular de la FGE reportó que aceptó tres recomendaciones. “Aceptando en este breve periodo las recomendaciones 143/2025, 142/2025 y 79/2025”, señaló. Añadió que esa decisión busca “garantizar a las víctimas justicia y reparación del daño”.
Por su parte, previo a ser ratificada, la presidenta de la CEDHV afirmó ante el Congreso que la FGE fue la institución con más quejas por presuntas violaciones a derechos humanos durante 2025, en un periodo en el que el organismo emitió 90 recomendaciones. En su exposición, Pérez López detalló que 55.6 por ciento de esas 90 recomendaciones fueron aceptadas por las autoridades señaladas como presuntas responsables, mientras que el resto no se aceptó. “Ante la no aceptación, las víctimas pueden acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, subrayó la funcionaria, al indicar que 12 expedientes fueron canalizados a ese mecanismo.
Las recomendaciones, dijo, se dirigieron a 23 autoridades: 12 municipales y 11 estatales, con señalamientos recurrentes a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación, ayuntamientos, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas y Planeación.