Fiscalía deberá actuar contra cártel inmobiliario: Eduardo de la Torre

Un día después de manifestarse y bloquear la calle Juan de la Luz Enríquez para exigir justicia por los presuntos despojos de viviendas en Veracruz, las víctimas del denominado “cártel inmobiliario” fueron recibidas por autoridades estatales, pero advirtieron que ahora la responsabilidad recae directamente en la Fiscalía General del Estado, a la que exigieron ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes y actuar contra la red que, aseguran, opera desde hace años.

El abogado e integrante del movimiento, Eduardo de la Torre Jaramillo, informó que tras la protesta del lunes sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, y este martes se instaló una mesa de trabajo con representantes de diversas instituciones para revisar los casos de las familias afectadas.

En el encuentro participaron la Fiscal Anticorrupción, el Fiscal Regional de Xalapa, representantes del Poder Judicial, el presidente del Colegio de Notarios, el titular del Registro Público de la Propiedad, así como funcionarios de Política Regional.



Sin embargo, señaló que el principal reclamo sigue dirigido a la Fiscalía General del Estado. “Hoy la pelota está en la cancha de la Fiscalía. Hay denuncias contra Rolly Domínguez, a quien identificamos como la cabeza del cártel inmobiliario. Su nombre aparece en más de 200 carpetas de investigación y la pregunta es por qué no actúan, por qué no ejecutan la orden de aprehensión”, expresó.

De la Torre Jaramillo afirmó que las víctimas consideran que existe una omisión por parte de la institución encargada de procurar justicia, por lo que solicitó que en un plazo de 15 días la Fiscalía informe las acciones concretas que emprenderá contra quienes integran esta presunta red. “Les pedimos una fecha para que actúen contra este grupo delincuencial. Ya no podemos seguir igual”, sostuvo.

El litigante aseguró que las afectaciones ya no se limitan a la capital del estado, sino que existen casos documentados en municipios como Coatepec, Banderilla y Alto Lucero, además de personas que ya comenzaron a contactar a la organización desde otras regiones, entre ellas Coatzacoalcos y la zona norte de Veracruz.



Explicó que, derivado de la manifestación realizada el lunes en Plaza Lerdo, comenzó formalmente la conformación de una asociación civil que buscará agrupar a víctimas de despojos inmobiliarios de todo el estado. “La asociación no será solamente para Xalapa, será para todo Veracruz. Incluso ya nos están escribiendo de otros municipios para integrarse y denunciar casos similares”, indicó.

Recordó que durante la conferencia de prensa del lunes, la gobernadora Rocío Nahle García reconoció que el problema de los despojos existe en diversas regiones del estado, aunque consideró que el fenómeno también se presenta a nivel nacional. Como ejemplo, señaló que, según cifras públicas, únicamente en la Ciudad de México se registraron alrededor de cinco mil despojos en un solo año y cerca de 20 mil entre 2020 y 2026, por lo que pidió conocer cuántos casos existen oficialmente en Veracruz.

Afirmó que una de las mayores preocupaciones del colectivo es que continúan programándose desalojos para los próximos días, por lo que solicitaron revisar puntualmente la legalidad de cada procedimiento. “Hay desalojos programados para la próxima semana y queremos que se revisen si realmente son legales. Además, hay propiedades que solamente se están rotando entre una misma familia ampliada. Se meten a una casa y después pasan a otra. Son las mismas personas”, denunció.



El abogado sostuvo que los delitos denunciados incluyen despojo, robo, allanamiento de morada, falsificación y uso de documentos falsos, aunque adelantó que buscarán que las investigaciones se encuadren también como delincuencia organizada. “No le puedo llamar de otra manera. Queremos que se investigue como delincuencia organizada”, afirmó.

Asimismo, aseguró que durante la reunión se señalaron posibles responsabilidades de servidores públicos de distintas dependencias.

Indicó que se expusieron casos de carpetas de investigación presuntamente extraviadas dentro de la Fiscalía para impedir el avance de las investigaciones, además de mencionar presuntas irregularidades de funcionarios del Poder Judicial y de algunos notarios. “Hoy la Fiscalía tiene un dilema: actuar a favor de los ciudadanos que han sido despojados o seguir solapando a un grupo criminal”, declaró.



Precisó que algunos de los expedientes tienen hasta cuatro años de antigüedad y, aunque en ciertos casos las víctimas han obtenido resoluciones favorables, estas se han logrado únicamente mediante la justicia federal.

Finalmente, informó que en 15 días volverán a reunirse con las autoridades para evaluar los avances y conocer si la Fiscalía inició acciones penales contra los presuntos responsables. “Lo que les dijimos fue: métanse un gol. Estamos en temporada de Mundial. Detengan a uno de los integrantes de este grupo. Queremos ver que realmente haya autoridad y que la Fiscalía haga su trabajo”, concluyó.