A partir de este sábado, el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá apegarse al principio de austeridad para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Lo anterior quedó establecido en el nuevo Código de Ética que es de observancia obligatoria y aplicación general para todos los servidores públicos de la FGE, en cualquiera de sus niveles jerárquicos con independencia de su modalidad de contratación, y tiene por objeto establecer los principios, valores y reglas de integridad que deben regir su actuación, fortaleciendo el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
Con la entrada en vigor del Código de Ética, en un plazo no mayor a 70 días hábiles se deberá actualizar o emitir el Código de Conducta.
Para que la FGE se consolide como una institución confiable y aspire a un servicio público de excelencia, los servidores públicos actuarán y desempeñarán sus funciones conforme a los principios, valores y compromisos del servicio público, cooperando permanentemente con el fomento e implementación de las acciones que fortalezcan la ética pública.
El nuevo Código de Ética señala que el personal actuará conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
Además, se conducirá con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros.
El personal no buscará ni aceptará compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que ello compromete sus funciones, sobre todo, porque el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.
También los servidores públicos prestarán sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Para promover el conocimiento y aplicación de la ética pública, así como de los Códigos de Ética y de Conducta, la Contraloría General a través de la Subdirección de Quejas y Denuncias, implementará estrategias para la capacitación y promoción de los mismos, a todos los órganos, áreas administrativas y operativas de la Fiscalía General, de acuerdo con el programa de trabajo que se elabore para tales efectos.
El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Código de Ética o en el Código de Conducta emitido por la Fiscalía General, podrán ser sancionados con apego a las disposiciones legales previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, y demás disposiciones legales y normativas que resulten aplicables al caso concreto.