La Fiscalía General del Estado (FGE) ha aceptado un total de 10 recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos, entre ellas la relacionada con el ataque al bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, uno de los hechos más graves de violencia registrados en el Estado en los últimos años.
Así lo dio a conocer la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien explicó que 5 de estas recomendaciones fueron emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), una por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 4 más corresponden a casos que originalmente habían sido rechazados. “En total son 10 recomendaciones que yo acepté”, dijo.
La titular de la FGE detalló que la aceptación de estas recomendaciones implica el reconocimiento de 187 víctimas, tanto directas como indirectas, en los distintos casos señalados por los organismos. “Estas 10 recomendaciones conllevan el reconocimiento de 187 víctimas reconocidas, directas o indirectas”, indicó la Fiscal.
Entre los expedientes incluidos se encuentra el caso del bar “Caballo Blanco”, ocurrido en Coatzacoalcos, el cual representa un tema pendiente que debía ser atendido por la institución. “Creo que es importante porque es un tema que llevaba muchísimos años”, expresó Jiménez Aguirre.
Reconoció que la FGE mantiene una deuda en materia de derechos humanos, por lo que aseguró que se debe avanzar no sólo en la aceptación de las recomendaciones, sino también en acciones concretas hacia las víctimas. “Esta institución tiene una deuda con la sociedad; debemos avanzar no sólo aceptando las recomendaciones, sino capacitándonos y también disculpándonos de manera pública”, afirmó la Fiscal.
Sostuvo que asume la responsabilidad de cumplir con estas medidas, que incluyen el reconocimiento de las víctimas y la implementación de acciones que permitan reparar el daño y evitar la repetición de violaciones a derechos humanos.
Garantiza diálogos con colectivos
Por otro lado, Jiménez Aguirre aseguró que la institución mantendrá una política de puertas abiertas para atender a colectivos de víctimas y a la ciudadanía en general, con el objetivo de escuchar sus demandas y dar seguimiento a sus casos. Explicó que no sólo se realizan acercamientos por zonas, sino también reuniones directas cuando los colectivos lo solicitan, lo que ha permitido fortalecer la comunicación con distintos grupos. “Tengo acercamiento con varios de ellos y la mejor disposición de atenderlos”, dijo.
Indicó que esta apertura no se limita a un sólo sector, sino que incluye a diversos colectivos y organizaciones, así como a la ciudadanía en general, al considerar que la Fiscalía debe responder a las necesidades sociales. “No solamente de un colectivo, sino de todos, de la diversidad. Somos representantes de la sociedad y estamos precisamente para eso, para atender”, expresó.
Jiménez Aguirre subrayó que la institución debe mantenerse cercana a la población, con la disposición de escuchar sus inquietudes y necesidades, a fin de garantizar una atención adecuada y oportuna. “Es una institución que representa a la sociedad; tenemos que estar de puertas abiertas para escucharlos, saber cuáles son sus inquietudes y poder representarlos en sus intereses”, afirmó.
La Fiscal destacó que esta interacción constante permitirá no sólo mejorar la atención institucional, sino también fortalecer la confianza entre la Fiscalía y la ciudadanía, particularmente con los colectivos de víctimas que han demandado mayor cercanía y seguimiento en sus casos.