Fiscalía ya investiga registro irregular de dos vehículos a nombre de “El Costeño”

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, tras detectar posibles irregularidades en el registro de 2 vehículos a nombre del comediante Ricardo Javier Carranza Gasca, conocido como “El Costeño”, quien asegura no ser propietario de las unidades.

La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que la carpeta de investigación fue iniciada el pasado 4 de noviembre por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

Las indagatorias se concentran en los trámites realizados en las oficinas de Hacienda del Estado de Alvarado e Isla, donde fueron registrados un remolque en 2021 y una camioneta Chevrolet Avalanche en 2022, respectivamente.

Ambas unidades acumulan adeudos por 11 mil 810 pesos, de los cuales 4 mil 985 corresponden al remolque y 6 mil 825 a la camioneta. El comediante denunció que nunca adquirió esos vehículos y que los cobros han afectado su historial crediticio.

El pasado 3 de noviembre, el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, reveló que la dependencia identificó a 2 exempleados vinculados con los registros vehiculares, quienes ya no forman parte de la institución.

“Son 2 personas distintas que están en el sistema, ya no trabajan en SEFIPLAN, una estaba en Isla, otra estaba en Alvarado”, explicó el funcionario.

Reyes Hernández señaló que una de las líneas de investigación contempla el posible uso indebido de documentos personales del comediante por parte de gestores particulares, aunque no se ha determinado cómo se realizaron los trámites ni quiénes serían responsables.

El funcionario también anunció que se buscará cancelar los registros vehiculares y establecer las posibles responsabilidades administrativas y penales de quienes intervinieron en las operaciones.

Por su parte, Jiménez Aguirre indicó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en que fueron inscritos los vehículos y determinar si servidores públicos incurrieron en conductas constitutivas de delito. Hasta ahora no se han informado imputaciones ni responsabilidades penales acreditadas por estos hechos.