Ir a Menú

Ir a Contenido

Sección: Estado de Veracruz

Fiscalía ya tiene protocolo para atender denuncias de comunidad LGBTTTI+

- Establece directrices de actuación para fiscales, como la aplicación de perspectiva de género

- Se busca garantizar justicia por delitos cometidos contra personas por su orientación sexual

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 15/10/2020

alcalorpolitico.com

Derivado de la violencia y discriminación de la cual pueden ser objeto algunas personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual y otros (LGBTTTI+), es fundamental garantizar el derecho a una procuración de justicia igualitaria y de un debido proceso, bajo los instrumentos jurídicos aplicables, en el que se enfatice la importancia a los delitos cometidos en contra de las personas por su orientación sexual y/o identidad de género.

Por ello, a partir de este jueves, en la Fiscalía General del Estado (FGE) se aplicará el "Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género".

Corresponde a la o al Fiscal de Investigaciones de Ministeriales, las o los Fiscales Regionales, las o los Fiscales Coordinadores Especializados, las o los Fiscales de Distrito, la o al Director General de la Policía Ministerial y a la o al Director General de los Servicios Periciales vigilar que el presente Acuerdo General y Protocolo nacional se cumplan oportunamente, e informar al Visitador General de las irregularidades que observen con motivo de su aplicación, a fin de iniciar los procedimientos correspondientes, e imponer las sanciones administrativas y/o legales a que dieren lugar; y, en su caso, proponer las mejoras que a su criterio resulten pertinentes en beneficio de la investigación.



Previamente se giró la instrucción a fiscales, peritos y policías, aplicar, en delitos en donde se encuentren inmiscuidas personas de la comunidad LGBTTTI+, la perspectiva de género en la investigación y persecución de los mismos, bajo las políticas de operación del Protocolo Nacional.

El Protocolo señala que dicho personal deberá conducir su actuación bajo los principios orientadores de respeto a la dignidad, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y especializado, protección de datos personales, libre desarrollo de la personalidad, no victimización secundaria, protección integral a los derechos y no criminalización.

También deberán integrar correctamente la carpeta de investigación correspondiente, por lo que, además de aplicar el marco normativo internacional, general, nacional, federal y local, estarán obligados a cumplir con el Protocolo de Diligencias Básicas, principalmente en lo referente a las “Observaciones para la Aplicación de los Protocolos de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI)”; “Investigación de los Delitos Contra la Vida y la Salud Personal”; “de Peligro para la Vida o la Salud Personal”; “la Libertad y la Seguridad Sexual”; “el Libre Desarrollo de la Personalidad”; “la Familia, de Feminicidio”; “Violencia de Género y Trata de Personas”.



Así como otros Protocolo, acuerdos y circulares emitidos por esta FGE y que sean aplicables al caso concreto dentro de las actuaciones de investigación y persecución de delitos.

Aunado a lo anterior, las personas titulares de las áreas responsables deberán coordinarse con la Dirección del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica, para observar lo relativo a la recolección de datos estadísticos, conforme a la información derivada de los formatos que se incluyen en el Protocolo nacional, a efecto de llevar a cabo la sistematización y análisis de la información que permita visualizar el contexto de la violencia ejercida en contra de las personas de la comunidad LGBTTTI+.

Mientras que el Instituto de Formación Profesional, en coordinación con la Unidad de Género, brindarán capacitación continua al personal obligado en la aplicación del Protocolo nacional, para garantizar a las y los ciudadanos una procuración de justicia incluyente, igualitaria, eficaz y eficiente; debiendo realizar las vinculaciones y/o gestiones necesarias para ello, e incluso coordinándose con cualquier otra institución gubernamental o no gubernamental, en aras de obtener tal fin.