Formal prisión para exfuncionarios de Jamapa, Puente Nacional y Úrsulo Galván

El Juez Quinto de Primera Instancia, Uriel Domínguez Colio, dictó auto de formal prisión en contra de tres ex funcionarios de los ayuntamientos de Jamapa, Puente Nacional y Úrsulo Galván, quienes fueron hallados responsables de los delitos de Incumplimiento de un Deber Legal y Abuso de Autoridad, sin derecho a su libertad bajo caución.

Edgar Oropeza López, extesorero de Jamapa; Fulgencio Moctezuma Domínguez, exsíndico de Úrsulo Galván y Manuel Hernández Huerta, exsíndico de Puente Nacional, fueron notificados de la determinación del juez del caso.

Con fundamento en la causa penal número 271/2011 del juzgado Quinto de Primera Instancia, Edgar Oropeza López, fue tesorero del Ayuntamiento de Jamapa, y a quien se le detuvo como presunto responsable de irregularidades en la cuenta pública relativa al 2009, lo que causó un daño patrimonial por 560 mil 129 pesos al Ayuntamiento de Jamapa.

Fulgencio Moctezuma Domínguez, exsíndico del ayuntamiento de Úrsulo Galván; fue detenido en base a la orden de aprehensión que el juez Quinto de Primera Instancia dentro de la Causa Penal número 272/2011 por los delitos de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de un Deber Legal, y quien es señalado de un daño patrimonial por 545 mil 653 pesos y una multa de 300 mil 109 pesos.

Y Manuel Hernández Huerta, exsíndico de Puente Nacional; también se le fincan los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, según consta en la Causa Penal número 270/2011 del juzgado Quinto de Primera Instancia, mismo que fue hallado presunto responsable de irregularidades en su función por 2 millones 483 mil 29 pesos, haciéndose acreedor de una multa por 1 millón 394 mil 826 pesos.

Los tres fueron detenidos por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones en base a las órdenes de aprehensión que libró el juez, mismos que se negaron a declarar en preparatoria apegándose al Artículo 20 constitucional, sin tener derecho a libertad bajo caución, ya que los delitos cometidos son calificados como graves.

El juez halló los elementos probatorios en su contra, y dictó el auto de formal prisión, quedando internados en el penalito de la PIVB para que se les siga el proceso respectivo.