Fueron 9 los muertos por motín en penal de Tuxpan; Fiscalía todavía indaga causas

La Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Verónica Hernández Giadáns confirmó que 9 reclusos perdieron la vida –5 de ellos de nacionalidad guatemalteca– durante los hechos violentos registrados el pasado 2 de agosto en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Tuxpan.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la dependencia informó que 10 personas resultaron lesionadas y algunas continúan recibiendo atención médica, mientras que quienes ya fueron dadas de alta reingresaron al penal para continuar con el proceso judicial que enfrentan.

Las investigaciones, señaló Hernández Giadáns, buscan deslindar responsabilidades y determinar la causa de los disturbios. Entre las líneas de investigación se contempla el presunto control de grupos internos dentro del penal, aunque por secrecía del proceso no se detalló cuántas hipótesis se siguen ni los avances específicos.

Ante cuestionamientos de la prensa sobre videos que circulan en redes sociales, presuntamente grabados dentro del penal antes del motín, la Fiscal General confirmó que todo el material se encuentra en análisis. Explicó que, en ocasiones, las carpetas de investigación se inician a partir de información difundida mediáticamente y que los elementos se estudian de manera concatenada para establecer posibles vínculos.

Sobre señalamientos de que el motín pudo estar precedido por hechos como el asesinato de un exdirector del penal y amenazas contra el actual, la funcionaria precisó que la FGE investiga cada evento de forma independiente y que se evalúa si existe relación entre ellos. Finalmente, Hernández Giadáns recordó que la competencia de la FGE se limita a delitos del fuero común, como homicidio, lesiones, privaciones ilegales de la libertad y extorsiones, mientras que casos de delincuencia organizada corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR).

Determinarán actuación de funcionarios

Asimismo, La Fiscal General afirmó que no se descarta la posible responsabilidad de funcionarios del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Tuxpan en los hechos violentos registrados el 2 de agosto, que dejaron 9 reclusos muertos y 10 más lesionados.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía, la funcionaria explicó que la investigación permitirá confirmar o deslindar responsabilidades de servidores públicos que tenían a su cargo el penal. Señaló que, de encontrarse indicios de participación de grupos de delincuencia organizada, el caso será turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), pero hasta el momento la autoridad federal no ha solicitado atraer la investigación.

“Estamos determinando quién ocasionó este evento violento al interior del penal. Si la investigación arroja responsabilidades de servidores públicos se actuará en consecuencia. Y si se advierte relación con delincuencia organizada se hará el desglose correspondiente a la Federación”, puntualizó.

Respecto a versiones sobre si los fallecidos pertenecían a una célula delictiva, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Hernández Giadáns sostuvo que el trabajo actual se centra en los delitos del fuero común –homicidio y lesiones– y que la prioridad es identificar a los responsables materiales del motín y las agresiones.

Hernández Giadáns confirmó que se analizan las posibles responsabilidades de funcionarios del CERESO. Señaló que entre las líneas de investigación se revisan testimonios y pruebas que apuntan a abusos dentro del penal y a la presunta implicación de mandos en los hechos violentos. Además, indicó que no se descarta una posible conexión entre el motín y el asesinato de la docente jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, ocurrido el 17 de julio en Álamo. “Estamos validando toda la información. Se han realizado diligencias ministeriales importantes, con entrevistas a personas privadas de la libertad y a servidores públicos responsables de la operatividad del CERESO. Hay información relevante y estamos en proceso de judicializar la carpeta”, declaró.

Finalmente, la titular de la FGE reiteró que todas las acciones se realizan con estricto apego a la Ley, imparcialidad y respeto a los derechos humanos y aseguró que no habrá impunidad en estos casos ni en otros hechos delictivos registrados en la región.