Gerardo Mérida, el veracruzano implicado por EU en red de narcotráfico en Sinaloa

Un general en retiro originario de Poza Rica, Veracruz, fue acusado por autoridades de Estados Unidos de formar parte de una red de protección institucional al narcotráfico en Sinaloa, presuntamente al servicio de la facción criminal conocida como “Los Chapitos”.

Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien habría recibido sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares para favorecer operaciones vinculadas con la producción y tráfico de drogas sintéticas, principalmente fentanilo y metanfetamina. De acuerdo con la acusación presentada ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, Mérida Sánchez utilizó el cargo que ocupó en el gobierno de Sinaloa para proporcionar información y facilitar condiciones de operación a integrantes del crimen organizado.

La investigación señala que, durante 2023, el exfuncionario habría filtrado datos sobre al menos diez operativos contra laboratorios clandestinos. Con esa información, integrantes de la organización criminal pudieron retirar droga, equipo y personal antes de la llegada de las autoridades.

El expediente también refiere que patrullas oficiales habrían sido usadas para trasladar narcóticos hacia Estados Unidos. Según la acusación, las unidades circulaban con agentes uniformados para aparentar operativos legales y evitar revisiones.

Mérida Sánchez asumió la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el 4 de septiembre de 2023, durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2024. El general en retiro cuenta con formación militar y estudios en seguridad nacional. Antes de llegar al gabinete estatal de Sinaloa, desarrolló una trayectoria dentro de instituciones castrenses y de seguridad.

La acusación en Estados Unidos le atribuye delitos como asociación delictuosa, conspiración para el tráfico de drogas, uso ilegal de armamento y secuestro, entre otros. El caso forma parte de una investigación más amplia contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. De acuerdo con la información disponible, las autoridades estadounidenses no descartan solicitar su extradición en las siguientes etapas del proceso.