La Fiscalía del Distrito sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros 9 funcionarios y exfuncionarios mexicanos de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.
El caso, presentado el 29 de abril de 2026, incluye cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armas. La acusación fue asignada a la jueza Katherine Polk Failla, de la Corte del Distrito sur de Nueva York.
Además de Rocha Moya, la acusación incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía estatal; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exmandos de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, exmando de la Policía Municipal de Culiacán.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados son funcionarios o exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa y habrían participado en una red de protección al Cártel de Sinaloa para facilitar el ingreso de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.
La Fiscalía estadounidense sostuvo que los señalados presuntamente usaron sus cargos para proteger a líderes del Cártel, entregar información sensible sobre operativos, ordenar a policías estatales, ministeriales y municipales resguardar cargamentos de droga, y permitir actos de violencia sin consecuencias legales.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal Jay Clayton. “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, agregó.
La acusación señala que Rocha Moya habría sido beneficiado electoralmente por la facción de “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, mediante secuestros e intimidación contra rivales políticos. A cambio, según el documento judicial, el Gobernador habría sostenido reuniones con integrantes de esa facción y prometido proteger sus operaciones.
El Departamento de Justicia precisó que los cargos son acusaciones y que los señalados mantienen la presunción de inocencia hasta que se pruebe su responsabilidad ante un tribunal. En el caso de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, la Fiscalía presentó cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte, relacionados con una fuente confidencial de la DEA y un familiar de ésta. Según la acusación, Valenzuela Millán habría colaborado en octubre de 2023 con integrantes de “Los Chapitos” en el secuestro de ambas personas, quienes después fueron torturadas y asesinadas por sospechas de haber entregado información a autoridades estadounidenses.
El administrador de la DEA, Terrance C. Cole, afirmó que la acusación exhibe una presunta red de corrupción que permitió al Cártel mantener operaciones de tráfico hacia Estados Unidos. “El Cártel de Sinaloa no sólo trafica drogas mortales; es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno para generar violencia y ganancias”, dijo Cole. “No hay nadie por encima de la Ley”, añadió.
De acuerdo con la tabla de cargos difundida por la Fiscalía estadounidense, los acusados enfrentan penas que podrían alcanzar cadena perpetua. En el caso de Valenzuela Millán, los cargos por secuestro con resultado de muerte contemplan una sentencia obligatoria de cadena perpetua. La Fiscalía informó que todos los acusados residen actualmente en México.