Gobernadora envía iniciativa para modificar recaudación y controlar presupuesto en la UPAV

La gobernadora Norma Rocío Nahle García remitió al Congreso del Estado una iniciativa de decreto para reformar la Ley que Crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con el objetivo de modificar su esquema de recaudación y fortalecer el control presupuestal de la institución.

La propuesta reforma el Artículo 1 para definir a la UPAV como una institución pública de educación con carácter de organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo.

El cambio central se ubica en el Artículo 5, donde se establece que “los derechos y demás ingresos, que por cualquier título legal sean bienes y valores de la Universidad, serán recaudados exclusivamente a través de los mecanismos electrónicos dispuestos por la Oficina Virtual de Hacienda del Gobierno del Estado de Veracruz”, lo que integra los recursos propios de la casa de estudios al sistema de recaudación estatal.



Bajo este nuevo esquema, la disposición de los recursos quedará sujeta a planeación y autorización interna, ya que “para la disposición de estos recursos, el Rector deberá integrar anualmente un proyecto de presupuesto específico y someterlo a la aprobación de la H. Junta de Gobierno”, conforme al texto de la iniciativa.

El proyecto también adiciona párrafos al Artículo 8 para determinar que los bienes muebles, inmuebles y recursos económicos que formen parte del patrimonio universitario se equiparan al dominio público del Estado, por lo que “tienen el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles y sobre los mismos no podrá constituirse gravamen alguno”.

Asimismo, se refuerza la facultad de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para dictar las normas en materia de control presupuestal de la Universidad y se establece la obligación de que el presupuesto de cada ejercicio incluya indicadores de gestión, desempeño y financieros.



En los artículos transitorios se concede un plazo de 90 días naturales para que la Rectoría y la Junta de Gobierno adecuen estatutos, reglamentos y manuales de procedimiento, a fin de asegurar la observancia del nuevo mecanismo de recaudación y control presupuestal.