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Sección: Estado de Veracruz

Gobierno de Cuitláhuac también permitió que asociación se quedara con dinero de UPAV

- En julio de 2022, el entonces rector Ome Tochtli Méndez firmó convenio con la Asociación “Educación es Primero”

- Pactaron fondo para cubrir obligaciones de la fundación, con cargo a aportaciones de alumnos

- Para Gobierno de Nahle, desvíos mediante otra A. C. apenas iniciaron en 2025

José Topete Xalapa, Ver. 18/11/2026

alcalorpolitico.com

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) autorizó desde el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez que una asociación civil se quedara con el 3 por ciento de los recursos recibidos mediante un convenio con la institución, cuatro años antes de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) denunciara presuntas irregularidades por 280 millones de pesos en el manejo de las aportaciones estudiantiles.

El documento, aprobado por el entonces rector Ome Tochtli Méndez Ramírez contrasta con lo expuesto este miércoles ante el Congreso por el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, quien denunció que la universidad perdió en 2025 el control de sus ingresos al permitir que una fundación externa administrara las aportaciones de los alumnos.

Sin embargo, el convenio de fecha 15 de julio de 2022 demuestra que la propia UPAV había autorizado durante la administración anterior la participación de otra asociación civil en sus operaciones financieras, incluso permitiéndole conservar un porcentaje de los recursos recibidos. Así, mediante el convenio modificatorio fechado el 18 de julio de 2022, mismo que fue suscrito por el entonces Rector y José Luis Godos Hernández, representante de la “Asociación Educación es Primero” (AEP), A.C., se pactó constituir un fondo destinado a cubrir supuestas obligaciones civiles, laborales y fiscales de la fundación, con cargo a las aportaciones de los estudiantes que, para entonces, eran recabadas por dicha fundación.



“La UPAV está de acuerdo en que se quede un saldo remanente del 3% del importe total recibido por ‘EL COLABORADOR’”, establece la primera cláusula del convenio modificatorio, cuya vigencia se había pactado hasta el 30 de enero de 2027.

Aún no investigan convenio en Gobierno de Cuitláhuac

La autorización demuestra que la participación de asociaciones civiles en operaciones financieras relacionadas con la UPAV antecedió al convenio investigado por las autoridades estatales y federales. El 2 de enero de 2025, durante la administración de Nahle, la universidad, entonces encabezada por Sergio Torres Mejía, facultó a la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C., para gestionar, administrar y dispersar recursos provenientes de sus servicios educativos.



El acuerdo incluyó un adeudo de 42 millones 710 mil pesos por pagos pendientes a asesores solidarios, coordinadores y colaboradores administrativos. EDAL se comprometió a financiar esas obligaciones y recuperar el dinero mediante aportaciones estudiantiles, aunque la documentación revisada no acredita que los pagos fueran liquidados.

La operación fue observada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), que durante la revisión de la Cuenta Pública 2025 detectó que la UPAV no acreditó el ingreso de las aportaciones estudiantiles a sus cuentas bancarias ni su registro contable.

Y si bien en la observación FP-073/2025/002 ADM, el organismo también identificó documentación faltante para comprobar pagos y obligaciones fiscales, además de la ausencia de evidencia contable sobre el adeudo de 42.7 millones de pesos, la revisión derivó únicamente en observaciones administrativas, sin determinar un monto de presunto daño patrimonial.



El 5 de septiembre de 2022, el ORFIS, en el Oficio OFS/AG_ST/18492/09/2022 informó al Congreso del Estado de Veracruz que derivado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019 y 2020, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un daño patrimonial en la UPAV, por 241 millones 971 mil 897 pesos con 62 centavos, cuando Méndez Ramírez ya fungía como rector. De acuerdo con informes, por esa denuncia se abrió la carpeta de investigación FGE/FECCEV/456/2020.

Durante su comparecencia ante el Congreso local, Reyes Hernández sostuvo que EDAL transfería las aportaciones de los alumnos a dos empresas inmobiliarias y posteriormente a una agencia de publicidad, desde donde se efectuaban pagos a docentes y directivos bajo conceptos ajenos a sus actividades académicas. “La universidad era como un cascarón; no tenía control ni siquiera del registro de sus alumnos”, afirmó.

El funcionario informó sobre cuatro denuncias penales por posibles delitos de peculado, incumplimiento de un deber legal, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Sin embargo, no precisó cuánto de los 280 millones de pesos corresponde a ingresos administrados, pagos efectuados o posibles desvíos, ni aclaró si las operaciones investigadas guardan relación con el adeudo reconocido en enero de 2025.