Gobierno de Nahle deberá aclarar ante Federación destino de 137.7 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 137 millones 755 mil 328 pesos pendientes de aclaración por probable daño a la Hacienda Pública Federal en el manejo de recursos destinados a salud, educación y asistencia social del Gobierno de Veracruz durante 2025, el primero de la actual administración de Rocío Nahle.

En su Segunda Entrega, la auditoría confirmó irregularidades en los pagos a trabajadores de la educación con plazas geográficamente incompatibles, licencias sin goce de sueldo y registros de defunción, irregularidades que dejaron 48.6 millones de pesos pendientes de aclaración en Veracruz durante 2025.

Los hallazgos se conocen después de que la Gobernadora calificara de “absurda” la solicitud de la ASF de entregar las listas de asistencia del magisterio veracruzano, como parte de una revisión para comprobar que los trabajadores desempeñaran las funciones por las que recibían un salario.

El 28 de septiembre, la Mandataria reveló que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, le había informado sobre la detección de docentes con doble plaza y posibles casos de maestros fallecidos que continuaban registrados en la nómina. Nahle cuestionó el requerimiento al considerar que las condiciones geográficas de Veracruz dificultaban reunir la documentación. “Si a mí me están solicitando ustedes esta información absurda, yo tengo que cumplirla”, declaró entonces la gobernadora, quien aseguró que entregaría las listas para evitar observaciones por incumplimiento.

Al sumar las observaciones en los sectores salud y asistencia social, el probable daño a la Hacienda Pública Federal asciende a 137.7 millones de pesos, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2025.

Salud sigue en la mira

La ASF reporta que la mayor cantidad corresponde a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), con 87 millones 419 mil 439 pesos observados. De ese total, 86 millones 920 mil 909 pesos fueron utilizados para pagar remuneraciones correspondientes a 2024 con presupuesto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de 2025, sin documentación que acreditara la autorización y justificación de las erogaciones.

La revisión de los recursos para salud también dejó pendientes 266 mil 530 pesos por diferencias entre los pagos de personal y las nóminas del programa de atención médica para población sin seguridad social, además de 232 mil pesos no devengados cuyo reintegro a la Federación no fue acreditado.

Por estas operaciones, la ASF emitió tres pliegos de observaciones y concluyó que el Gobierno de Veracruz "no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia". La fiscalización comprendió recursos por 9 mil 271 millones de pesos, de los cuales se revisó el 92.4 por ciento.

Posibles irregularidades con la nómina educativa
En segundo lugar, se ubicó la auditoría 2126, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que dejó 48 millones 657 mil 604 pesos pendientes de aclaración, distribuidos en ocho pliegos de observaciones.

La mayor irregularidad se concentró en pagos por 38 millones 966 mil 309 pesos a 105 trabajadores que ocuparon simultáneamente plazas en centros educativos con ubicaciones geográficas incompatibles. Otros 784 mil 460 pesos correspondieron a cuatro empleados con plazas en distintas entidades federativas, cuya compatibilidad tampoco fue acreditada.

La ASF documentó además pagos por 5 millones 462 mil 327 pesos a 79 trabajadores con licencias sin goce de sueldo, así como 2 millones 253 mil 128 pesos entregados a 87 empleados después de su baja de la dependencia. En esa misma revisión identificó 648 mil 21 pesos pagados a 14 trabajadores con registros de defunción y 543 mil 355 pesos destinados a una persona que desempeñaba actividades sindicales sin acreditar funciones educativas.

A estos hallazgos se sumaron 727 comprobantes fiscales cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por 7 millones 829 mil 589 pesos, relacionados con pagos a 253 trabajadores. Esta cantidad motivó una revisión fiscal y no forma parte de los 48.6 millones de pesos señalados como probable daño patrimonial.

Aportaciones Múltiples

La tercera auditoría con recursos pendientes fue la 2123, correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con un millón 678 mil 285 pesos observados mediante dos pliegos. De ese monto, un millón 359 mil 158 pesos corresponde a un anticipo de obra que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) no acreditó haber reintegrado a la Tesorería de la Federación.

Los otros 319 mil 126 pesos fueron observados al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por pagos a 88 beneficiarios que figuraban como fallecidos en los registros de programas de asistencia social. La dependencia no presentó documentación suficiente para justificar esas operaciones.

La fiscalización del FAM también documentó retrasos de hasta 112 días hábiles en la transferencia de 291 millones de pesos, además de irregularidades en cuentas bancarias y expedientes de obra pública. Estos hallazgos administrativos no incrementaron el monto de los dos pliegos de observaciones.

En materia fiscal, la auditoría 2132 identificó diferencias por 6 mil 37 millones de pesos entre los registros presupuestarios de nómina de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y los comprobantes fiscales correspondientes a 2025. También encontró discrepancias en los registros del Instituto Veracruzano del Deporte, el Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec y el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal. Ante la falta de aclaraciones, la ASF solicitó al SAT verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de esos organismos.

En esa revisión, la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad tampoco acreditó inicialmente el entero de un millón 228 mil 80 pesos de Impuesto Sobre la Renta retenido a sus trabajadores. Sin embargo, las diferencias contables y fiscales identificadas en la auditoría 2132 no constituyen, por sí mismas, un daño patrimonial. La ASF emitió dos promociones para que el SAT ejerciera sus facultades de comprobación, sin formular pliegos de observaciones por esos montos.

Dieron menos recursos a la UV y tecnológicos

Por otra parte, la auditoría 2134 reveló que el Gobierno de Veracruz transfirió 38 millones 696 mil 841 pesos menos de lo convenido para instituciones públicas de educación superior. La Universidad Veracruzana (UV) recibió 12 millones 625 mil pesos menos de los comprometidos, mientras que las universidades tecnológicas del Centro, Sureste y Gutiérrez Zamora registraron diferencias de 11.5 millones, 9.1 millones y 4.3 millones de pesos, respectivamente.

Pese a esas diferencias, la ASF no formuló observaciones, al considerar que las transferencias se realizaron conforme a los convenios aplicables. La auditoría se concentró en la entrega y registro de los subsidios, sin examinar el ejercicio del gasto de cada institución. En la auditoría 2125, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), el organismo fiscalizador identificó irregularidades en adjudicaciones directas, contratos y cuentas bancarias del Conalep Veracruz y del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA).

Entre las operaciones examinadas figuraron una contratación de vales electrónicos por 7.7 millones de pesos y el arrendamiento de vehículos por 7.4 millones. También fueron observados inicialmente pagos por 2 millones 192 mil pesos a cinco trabajadores que no habían acreditado el grado académico requerido para sus puestos. No obstante, la documentación entregada permitió solventar los siete resultados que inicialmente presentaron observaciones. La ASF no determinó recursos pendientes de aclaración, aunque se iniciaron procedimientos administrativos para investigar posibles responsabilidades.

La auditoría 2119, relacionada con el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, identificó inicialmente la falta de comprobación del destino de 23 mil 810 millones de pesos de ingresos excedentes y un gasto en servicios personales que superó en 3 mil 579 millones de pesos el límite calculado conforme a esa legislación. El Gobierno estatal acreditó que los ingresos excedentes fueron destinados al pago de créditos fiscales y justificó las diferencias de nómina mediante ampliaciones presupuestales federales. Los seis resultados observados quedaron solventados antes de la emisión del informe.

En cuanto a los recursos municipales, la auditoría 2122 documentó descuentos por 276.1 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) de 39 ayuntamientos, destinados al pago de créditos contratados con Banobras. Aunque también identificó retrasos en las transferencias correspondientes a enero de 2025, la ASF determinó que las retenciones contaban con respaldo contractual y legal, por lo que no emitió observaciones.

Finalmente, la auditoría 2121, correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), detectó que la Secretaría de Finanzas y Planeación utilizó una cuenta bancaria distinta a la del fondo para transferir 519 mil 980 pesos al Ayuntamiento de Camarón de Tejeda.

La revisión también encontró que la dependencia remitió fuera del plazo legal información sobre la distribución de recursos a la Secretaría de Hacienda. Ambas irregularidades fueron atendidas durante la fiscalización, aunque la Contraloría General del Estado inició una investigación administrativa.

En esa auditoría se verificaron además descuentos por 5 millones 446 mil 123 pesos aplicados a 23 municipios para cubrir adeudos con la Comisión Nacional del Agua. La ASF determinó que las retenciones estaban autorizadas y no formuló pliegos de observaciones. De las nueve auditorías examinadas, únicamente las correspondientes a salud, FONE y FAM mantuvieron montos señalados como probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un total de 137 millones 755 mil 328 pesos.