Sindicatos y organizaciones de jubilados advirtieron que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) requerirá cerca de 13 mil millones de pesos en 2027 para garantizar el pago a más de 38 mil pensionados y alertaron que un presupuesto menor podría provocar retrasos y protestas.
Raúl Augusto Maldonado Loeza, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado (STIPE), llamó al Gobierno de Veracruz y al Congreso local a garantizar en el próximo Presupuesto de Egresos los recursos que necesita el organismo para cubrir sus obligaciones. El dirigente señaló que existe preocupación por la posibilidad de que la asignación presupuestal resulte insuficiente frente al monto requerido para sostener el pago de jubilaciones y pensiones durante el próximo ejercicio fiscal.
Las organizaciones también rechazaron cualquier intento de sustituir el sistema solidario de pensiones por un esquema de cuentas individuales, al considerar que ese cambio modificaría el modelo bajo el cual actualmente se financian las pensiones de los trabajadores estatales. Pidieron a la gobernadora Rocío Nahle García mantener el sistema solidario y que el Gobierno estatal continúe como responsable solidario del IPE, conforme al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado.
Pueden usar recursos del FAFEF
Las agrupaciones plantearon que parte de esa obligación pueda cubrirse con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Advirtieron que, sin los recursos suficientes, el Instituto podría enfrentar dificultades para cumplir en tiempo con el pago de las pensiones.
Los sindicatos señalaron que un eventual incumplimiento podría detonar movilizaciones de jubilados y pensionados en Veracruz, como ocurrió durante administraciones anteriores. Para respaldar su exigencia, citaron la Recomendación 32/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con la obligación de garantizar el pago oportuno de prestaciones de seguridad social.
También mencionaron la Recomendación 16/2016 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), dirigida al IPE y a la Secretaría de Finanzas y Planeación, en la que se plantearon medidas para evitar afectaciones en el pago de pensiones. El pronunciamiento fue respaldado por el STIPE, la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz A.C., el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT) y el Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa.