Gobierno de Nahle no pone alto al “Cártel Inmobiliario”, recriminan víctimas

Cansados de años de litigios por despojos y de la falta de respuesta de las autoridades, decenas de afectados por el denominado “Cártel Inmobiliario de Xalapa” bloquearon este lunes la calle Juan de la Luz Enríquez, en el centro de la Capital veracruzana, para exigir una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García y demandar la restitución de sus propiedades.

Los manifestantes aseguraron que sus inmuebles continúan sujetos a procesos judiciales que, afirman, están sustentados con documentación apócrifa, poderes notariales falsos y firmas falsificadas, por lo que pidieron la intervención directa de la mandataria estatal.

Durante la protesta, Martha Patricia Aguilar Rendón, una de las afectadas, denunció que el pasado viernes recibió amenazas de muerte vía telefónica, al igual que otro de los integrantes del movimiento. “Nos hablaron para decirnos: ‘Le paras o te mueres’. Pero no estamos dispuestos a soportar estas injusticias. Basta de tanta impunidad en el estado de Veracruz”, expresó.

Señaló que, pese a las amenazas, continuarán la lucha para recuperar sus viviendas y hacer visibles los casos de decenas de familias que, dijo, han sido víctimas de despojo. Como ejemplo, relató el caso de Vanessa, otra de las afectadas, quien actualmente renta una vivienda luego de que le quitaran su patrimonio. “Vanessa tiene a sus niñas en la calle porque les quitaron su casa y ahora están rentando. ¿Eso es justo?”, cuestionó.

También mencionó el caso de Ricardo, un adulto mayor de 80 años, quien aseguró trabajó toda su vida para adquirir su patrimonio y terminó perdiendo tanto su propiedad como varios locales comerciales. “Al parecer nosotros no tenemos derechos y no hay justicia”, lamentó.

La manifestante pidió que se investigue a los responsables, quienes, afirmó, ya están plenamente identificados y enfrentan denuncias penales que, de manera inexplicable, no avanzan. Incluso recordó que existe una jurisprudencia emitida el 20 de junio de 2025 que, según dijo, establece la obligación de la Fiscalía de restituir las propiedades a las víctimas cuando se acreditan los delitos. “Hay una jurisprudencia del 20 de junio de 2025 donde dice que la Fiscalía tiene la obligación de restaurar nuestras propiedades y nadie nos hace caso”, sostuvo.

Aguilar Rendón recordó además que desde el año pasado un grupo de víctimas ofreció una conferencia de prensa para denunciar estos hechos y que, en ese momento, el entonces secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, se comprometió a investigar a los notarios presuntamente involucrados. “Nos dijo que se iba a investigar a los notarios, pero hasta la fecha no se ha hecho nada. No han tirado a ningún notario. Hay poderes falsos, están las pruebas, está todo en la Fiscalía y la Fiscalía no investiga nada, no detienen a nadie. Queremos nuestras propiedades ya”, reclamó.

Asimismo, reprochó que, hasta el momento, no exista una sola persona detenida por estos hechos y exigió que quienes resulten responsables enfrenten la justicia. “Queremos que dejen de burlarse de las víctimas. Deben estar tras las rejas. Agarrando a uno, ese tiene que decir quién le paga, qué despacho está detrás y ese despacho tiene que decir quién lo encubre, porque esto se mueve por dinero”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre si existen pruebas contra los presuntos responsables, respondió que sí y aseguró que se trata de un grupo que opera con total impunidad. “Sabemos que es el despacho de Roly Domínguez, con Miguel Isaac Contreras Gómez Gill, Pedro Damián Atilano Cruz, Miriam Ceballos Ruiz, entre otros integrantes del mismo cártel”, señaló.

Además, acusó que se trata de una red integrada por abogados, presuntos prestanombres y funcionarios. “Es una mafia de abogados que opera con prestanombres y con apoyo de autoridades, jueces y fiscales. Son criminales capaces de amenazar de muerte. A esos nadie los agarra. Con juicios sustentados en documentos falsos te despojan en menos de 2 meses, mientras nosotros llevamos 4 años con escrituras propias, documentación en regla y nuestras audiencias se difieren y se difieren con el pretexto de que no encuentran a la otra parte”, denunció.

Aunque afirmó tener sospechas sobre quién podría estar detrás de esta estructura, dijo que no revelará nombres por temor a represalias. “No puedo decirlo porque tememos por nuestras vidas, pero espero que la Gobernadora sí investigue. Todo esto va a salir a la luz. Queremos que la Gobernadora intervenga ya y que pare esto”, expresó.

Los inconformes señalaron que en la manifestación participaron 19 familias directamente afectadas; sin embargo, aseguraron tener conocimiento de más de 200 casos similares en varios municipios del Estado, principalmente en agravio de personas adultas mayores. “Hay personas de la tercera edad que están solas, no saben qué hacer. Les quitan todo y nadie los escucha. Vivimos en incertidumbre y con miedo”, señalaron.

Finalmente, Martha Patricia Aguilar afirmó que las víctimas enfrentan un profundo desgaste económico y emocional, por lo que insistió en que las autoridades deben actuar de inmediato. “En Veracruz no puede seguir existiendo esta impunidad y este miedo. Estamos desgastados económicamente, pero principalmente emocionalmente. Yo lloro todos los días pidiéndole a Dios que nos haga justicia. Ya tenemos que parar esto”, concluyó.