Integrantes del Colectivo Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos denunciaron que el Gobierno de Veracruz les retiró las medidas de seguridad durante sus jornadas de búsqueda, situación que atribuyen directamente a órdenes de la gobernadora Rocío Nahle García, lo que las deja en condiciones de mayor vulnerabilidad frente al contexto de violencia en la entidad; afirmaron.
Olga Lidia Salazar Hernández, representante del colectivo y madre de Marion Ivette Sampayo Salazar, desaparecida el 14 de enero de 2011 en Poza Rica, acusó que actualmente enfrentan obstáculos para realizar sus actividades, incluso las más básicas como la difusión de fichas. “Estamos batallando mucho porque el Gobierno nos está negando la seguridad. Usted sabe que la seguridad en estos tiempos es primordial para las actividades que nosotros hacemos”, expuso.
La buscadora recordó que anteriormente podían recurrir a organismos de derechos humanos para destrabar la asignación de protección, pero ahora esa opción fue cancelada. “Antes de Derechos Humanos, si teníamos alguna dificultad con la seguridad, ellos destrababan, trataban de hacer que la seguridad llegara a nosotros. Pero ahora por órdenes de la Gobernadora ya no es así”, denunció.
Salazar Hernández señaló que actualmente toda la responsabilidad recae en la Comisión Estatal de Búsqueda, instancia que, dijo, no cuenta con el peso institucional necesario para garantizar la seguridad de las familias. “Ya solamente la seguridad es la que busca la Comisión Estatal de Búsqueda. Y como usted sabrá, pues la Comisión no tiene tanto peso como Derechos Humanos. Entonces, ese es un problema para nosotros”, sostuvo.
Las jornadas de búsqueda y difusión se han realizado en municipios del norte del estado como Naranjos, Tamiahua y Tuxpan; sin embargo, incluso estas actividades, aparentemente de bajo riesgo, se han visto marcadas por hechos de violencia. La activista relató que durante una reciente jornada en Tuxpan, se registró un hecho violento en una caseta cercana, donde una mujer fue asesinada en medio de una persecución. “La verdad que sí. Ayer, ya para terminar la jornada en Tuxpan, se suscitó un hecho violento en una caseta. Mataron a una doctora que no tenía nada que ver en la persecución de unos maleantes”, narró.
Subrayó que este tipo de hechos incrementa la percepción de riesgo entre las buscadoras. “Así como pasó con la doctora, hubiéramos podido ser también nosotros. Toda búsqueda corre siempre riesgos, ya sea en el volanteo, en la difusión o en algún predio”, advirtió.
Ante este escenario, Olga Lidia Salazar pidió a la Gobernadora reconsiderar la decisión de retirar la intervención de organismos de derechos humanos en la protección de colectivos. “Yo creo que la Gobernadora debería de poner un poquito más de atención en ese tema y no quitarnos la oportunidad. Si la Comisión Estatal de Búsqueda no tiene el peso necesario, que deje que lo siga haciendo Derechos Humanos”, expresó.
Finalmente, lamentó que las condiciones actuales no sólo dificultan la búsqueda de personas desaparecidas, sino que también ponen en riesgo la vida de quienes, ante la ausencia del Estado han asumido la tarea de encontrarlos. “Cada día nos quitan más la oportunidad de seguir buscando a los nuestros y ellos tampoco lo quieren hacer. Entonces, pues estamos mal”, concluyó.